La Unión Europea quiere que la banca también pague futuros rescates

Los ministros de Finanzas de la Eurozona, reunidos ayer de forma extraordinaria en Bruselas para detallar el rescate a Irlanda, aprobaron la creación de un mecanismo permanente de ayuda a los países del euro en dificultades, que sustituirá, a partir de mediados de 2013, al provisional establecido el pasado mes de mayo con una cuantía de 750.000 millones, que ha dado cobertura al plan irlandés. En ese futuro Fondo permanente de Estabilización del Euro, las entidades financieras privadas tendrán que hacer frente a reestructuraciones o quitas si un país de la zona es incapaz de honrar sus compromisos.

Las responsabilidades de las instituciones financieras privadas en ese género de procesos serán estudiadas caso por caso, sin ningún género de automatismo en el proceso. La corresponsabilización del sector financiero privado en la suerte de la deuda pública de los socios de la Eurozona era una exigencia de la canciller alemana, Angela Merkel, que quería que el mundo financiero corriera con las pérdidas en estos procesos, si las hubiera, de modo que no fuera el contribuyente el único pagano. En un principio, Angela Merkel quería que la aplicación fuera automática, lo que levantó las críticas de no pocos países.

El propio José Luis Rodríguez Zapatero aseguró durante su última comparecencia en el marco del reciente G-20 de Seul su rechazo a ese modelo: «No estamos de acuerdo y, en consecuencia, no será fácil que esto prospere». Finalmente, tras la mediación de Francia y ante la debacle de los mercados de deuda de los últimos días, se ha llegado a un acuerdo a medio camino de lo que reclamaba la canciller.

El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, considero «muy útil» la clarificación de las fechas establecida por el Ecofin, para calmar la desazón de los mercados de la deuda estos días atrás, motivada por versiones confusas o contradictorias sobre la implicación del sector privado en los riesgos de insolvencia de un socio del euro.

El acuerdo implica una reforma a corto plazo del Tratado de Lisboa, porque la legislación europea no contempla la posibilidad de la restructuración de la deuda de un socio de la moneda única.