Los economistas proponen realizar auditorías a todos los ayuntamientos españoles

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Colegios de Economistas de España urge una reforma de la fiscalidad de las hacienda locales ante el evidente agotamiento de los recursos de los ayuntamientos, que, víctimas también del declive del ladrillo, han recurrido en masa al endeudamiento, acompañado de un severo recorte de la inversión. Esa remodelación, que el organismo considera «ineludible», debería incluir auditorías externas que pongan negro sobre blanco la gestión de los ediles de todo el país.

Los cambios, defiende el organismo, debieran también pasar por la eliminación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que consideran los economistas es «discriminatorio» y por un incremento de las tasas y precios públicos.

Al tiempo, destacan que España sufre una suerte de 'exceso' de ayuntamientos que podría resolverse, a efectos de balance financiero, con un reagrupamiento o, loi que es lo mismo, fusiones de municipios para afrontar la crisis. Como en las empresas.

El Reaf ha presentado la segunda edición de su Panorama de la Fiscalidad Local, un exhaustivo análisis del sector, que revela, con datos de 2008, el sombrío panorama financiero al que se enfrentan los ayuntamientos, a los que el Gobierno quiere limitar su capacidad de endeudamiento para evitar sorpresas. El documento evidencia que los ayuntamientos sólo generan por sí mismos la mitad de lo que gastan. El resto lo reciben a través de transferencias del Estado y las comunidades autónomas o de créditos. Con datos de 2008, el Panorama asegura que la diferencia entre el presupuesto definitivo y los derechos reconocidos es de un 73,1%. Es decir, añade el informe, «el presupuesto local esta inflado en un 25%, pues son cifras que aparecen cuando se aprueban los presupuestos pero que luego no se obtienen los ingresos ni se ejecutan los pagos».

A esto se suma el problema de que en los últimos años, las corporaciones locales se han volcado en manos de las entidades financieras, hasta el punto de que el 6,5% de sus gastos van destinados a pagar los créditos que tienen suscritos.

El trabajo, coordinado por la profesora de la Universidad de Murcia María José Portillo, llama la atención sobre la «caída en picado» de los ingresos municipales vinculados al 'ladrillo', que en 2005 suponían el 10,42% del total de entradas mientras en 2008 eran sólo el 8%.

El presidente del Consejo, Valentí Pich, insistió en la necesidad de una reforma ya que, dijo, «la economía española está vigilada», y reclamó una distinción más clara entre los servicios que han de pagar las autonomías y los ayuntamientos «para evitar duplicidades».