Crisis y gobierno económico de la UE

Resulta complicado tratar de explicar que la UE carece de un gobierno económico. Al fin y al cabo, la opinión pública se ha encargado de trasladar a la ciudadanía durante décadas la idea de que el proyecto de integración europea era fundamentalmente un proyecto económico. En parte, esta presunción es acertada, pero no refleja todas las partes de la ecuación: la UE ha sido, y sigue siendo, una organización fundamentalmente preocupada por la integración del mercado y los factores que lo conforman, es decir, las mercancías, los capitales, los servicios y los trabajadores.

Pero la política económica es mucho más que el mercado. Es la utilización de instrumentos o competencias, con el objetivo de incidir en el crecimiento económico y por lo tanto en el bienestar de los ciudadanos. Para ello los gobiernos nacionales han contado con instrumentos como la política presupuestaria, el régimen fiscal, el sector público o la política monetaria. Como tal, la UE solo cuenta por completo en su haber con una moneda común, que los Estados miembros decidieron crear para dotar de estabilidad al propio mercado en formación. Por lo tanto, el euro es el punto de llegada, y no de partida, del proyecto de integración europea. Ésta es la razón por la que el presupuesto comunitario se reduce año tras año en términos relativos, la UE no cuenta con grandes proyectos en infraestructuras y solo recientemente, debido a las sombras que se ciernen sobre la estabilidad financiera de algunos socios comunitarios, ha establecido la posibilidad de endeudarse colectivamente con el pobre límite de 60.000 millones de euros.

Trasladada la moneda desde los Estados miembros hacia la UE, cabría haber esperado que aquélla fuera utilizada como una variable destinada a mejorar los índices de crecimiento del conjunto de la zona euro. No hay ninguna disposición en los Tratados comunitarios que permita deducir tal presunción. El Banco Central Europeo tiene como principal objetivo la estabilidad de los precios. El empleo, la redistribución o las mejoras de las condiciones de vida de los europeos tendrán que llegar por otro camino distinto a la política monetaria. Se entienden así mejor las recientes declaraciones del presidente Jean Claude Trichet, en las que dibujaba en el horizonte cercano la retirada de los incentivos, «aunque ello suponga un descenso de la actividad» en la zona euro. Mientras tanto, en una decisión muy discutida, pero totalmente lógica con la idea de que toda economía debe estar enraizada socialmente, la Reserva Federal estadounidense ha decidido seguir inyectando liquidez y proporcionar recursos financieros para que su Gobierno genere actividad, único camino que se conoce hacia el crecimiento.

En realidad, la indefinición institucional del gobierno económico europeo es el fiel reflejo de su confianza en la mera autorregulación. Tras diez años de intentos para reformar las políticas socioeconómicas mediante la denominada Estrategia de Lisboa, los mercados están consiguiendo con su presión sobre la deuda soberana de la zona euro lo que no ha podido alcanzar el proceso político comunitario en los diez últimos años: reforma de las pensiones, adelgazamiento del sector público y modificación de las condiciones laborales para reducir costes productivos. Primero fue Grecia, después España, y a continuación serán Irlanda y Portugal. Se trata de utilizar el mercado financiero, al cual solo se le envían meras señales y no decisiones firmes, para depurar los Estados del bienestar que lastran la competitividad de las economías más débiles.

Todas y cada una de las decisiones que recientemente se han adoptado en los sucesivos consejos europeos desde mayo de 2010 han servido para establecer una serie de mecanismos destinados a evitar situaciones extremas. Los grandes bancos y los 'hedge funds' que aprovisionan de deuda a los Estados miembros han aprendido la lección y han adivinado que Europa, a diferencia de China, EE UU o Brasil, no tiene ningún plan al margen de las emergencias. En realidad no tiene ninguna política económica, pues todo se fía, después de siglos de innovación intelectual aplicada a la organización política y económica, al mero cumplimiento de parámetros presupuestarios y fiscales revestidos de apariencia jurídica, como hace el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Parece haberse olvidado que, con la excepción griega, la mayor parte de los Estados miembros de la zona euro habían tenido un comportamiento fiscal aceptable en el marco de las referencias y parámetros establecidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2007. Fue en el momento en el que los gobiernos tuvieron que hacer frente a los fallos financieros del sector privado en el que los ratios de la deuda pública y el déficit se dispararon. Así las cosas, no ha habido tanto un problema de regulación y disciplina, como de falta absoluta de dirección política de la economía, tanto a nivel nacional como comunitario.

¿Cómo superar este momento de indeterminación política e institucional? Construyendo un auténtico gobierno económico europeo y centralizando aquellos instrumentos que permitan poner en marcha grandes programas de gasto público en áreas de innovación e infraestructuras, como mejor medio para redistribuir la renta y potenciar un crecimiento económico equilibrado. Mandando, por tanto, mensajes claros al mercado y a nuestros socios internacionales. El espectáculo del G-20, donde se han vuelto a poner en evidencia las diferencias en cuanto a la forma de salvar a Irlanda, cuando ya hay mecanismos institucionalizados al respecto, sólo es otro síntoma de una Europa que se devora a sí misma, incapaz de alcanzar una auténtica significancia política y de frenar la constante fuga de soberanía nacional hacia zonas en las que la responsabilidad democrática sigue estando en un limbo constitucional.