Los médicos ocultaron 21 años pruebas favorables a Antonio Meño

«Ha sido una lucha muy fuerte, una batalla de titanes». Juana Ortega no salía de su asombro. La Justicia al fin recompensaba la lucha por su hijo Antonio, en coma tras una operación de cirugía estética realizada en 1989. Pasaba el mediodía de un frío y lluvioso miércoles en la Plaza Jacinto Benavente de Madrid cuando recibió la buena nueva. Apagó el fogón del camping gas de su tienda de campaña y se sentó en una silla para asimilar el trance. No era para menos. Su abogado le acababa de comunicar que el Tribunal Supremo, en una decisión excepcional, le había dado la razón y confirmó que durante 21 largos años los médicos le habían ocultado pruebas claves del caso.

La Sala de lo Civil había admitido su demanda de revisión del caso, anulado la sentencia del alto tribunal que le había condenado a pagar 400.000 euros en costas y ordenado repetir el juicio civil desde su punto de partida, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid. La sentencia considera probado que las declaraciones del nuevo testigo en la vista celebrada el pasado 3 de noviembre fueron definitivas para concluir que hubo una «maquinación fraudulenta» de las pruebas para favorecer a Francisco González Martín-Moré, el anestesista que trató a Antonio Meño en una clínica privada madrileña.

Para el tribunal, la nueva versión de los hechos proporcionada por el cirujano Ignacio Frade, quien se encontraba en el quirófano el día de la operación, ha dado un vuelco al caso. «No hubo ningún vómito que hiciera que Antonio se desintubase, fue un fallo anestésico y el médico no se encontraba en la sala de operaciones», declaró el testigo en la vista. Todo lo contrario de lo que había defendido el especialista, la clínica y las aseguradoras desde que comenzaran a pleitear con los Meño Ortega hace 20 años.

«Fraude procesal»

Los magistrados de la Sala de lo Civil, presidida por Juan Antonio Xiol y cuyo ponente ha sido José Ramón Ferrándiz, aseguran que los nuevos datos aportados por Frade, cirujano en prácticas cuando ocurrieron los hechos, convertía la absolución de los demandados -en sucesivas instancias y sentencias desde 1998 hasta 2008- en un «fraude procesal». «Los profesionales intervinientes en la rinoplastia impidieron que los perjudicados se aproximasen a la realidad de lo ocurrido, generando una totalidad oscuridad sobre ello», señala ahora la sentencia.

Una oscuridad que ayer comenzó a remitir para los Meño Ortega, quienes acampan con su hijo Antonio en la Plaza Jacinto Benavente desde hace 520 días, exigiendo verdad y justicia. «Veremos qué es lo que pasa ahora. Será un juicio distinto», comentó Juana desde «la chabola de la esperanza», como la han bautizado los vecinos de la zona.

Su abogado, Luis Bertelli, aseguró que la decisión del Supremo es «una lección que ha dado la familia para demostrar que con la lucha se hace Justicia». «Se ha hecho luz frente a una farsa que ha durado 20 años. No hay que darse por vencidos. Es lo único que les quedaba».