El juez pide más datos a la Policía sobre los viajes de terroristas a Venezuela

Pruebas, no solo las declaraciones ante la Guardia Civil. El juez Eloy Velasco dictó ayer una providencia en la que ordena a la Comisaría General de Información de la Policía que consiga «pruebas externas» de que los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, como confesaron, estuvieron en el verano de 2008 en la selva amazónica venezolana haciendo un cursillo de explosivos y que su anfitrión fue Arturo Cubillas, funcionario del Gobierno de Chávez.

El magistrado encomienda a la Policía -y no a la Guardia Civil que fue la que detuvo a los dos miembros del 'comando Imanol' a principios de octubre- que encuentre «pruebas» de que los dos volaron a Sudamérica y, en su caso, que informen a la Audiencia Nacional de las fechas de esos viajes. El Cuerpo Nacional de Policía, recordaron mandos de la lucha antiterrorista, es el encargado del control de pasaportes, por lo que debería tener constancia de su salida, pues ambos eran miembros 'legales' (no fichados) y es de esperar que por entonces se movieran con su propia documentación.

Velasco, además, reclama a la Comisaría General que confirme si, de acuerdo a lo que declararon Besance y Atristain, el entonces jefe de ETA, Mikel Karrera, 'Ata', fue el que les entregó el dinero para costear el viaje.

Varios 'mails'

El juez también quiere conocer laveracidad de los documentos que supuestamente se hallaron en los ordenadores del jefe de las FARC 'Raúl Reyes', fallecido en marzo de 2008 durante un bombardeo del ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Esos archivos, entre los que había varios 'mails' que apuntaban a la colaboración entre ETA y los insurgentes colombianos, fueron el origen del actual sumario de la Audiencia Nacional.

Por todo ello, Velasco libró ayer una comisión rogatoria a Bogotá en la que cita a declarar como perito para el 2 de febrero al jefe de Investigaciones Tecnológicas de Policía Judicial colombiana para que informe del «proceso de ocupación, cadena de custodia y periciales realizadas sobre el contenido del ordenador de Raúl Reyes y si ha habido o no manipulaciones».

También reclama a Bogotá copia de la declaración de los mandos militares que ocuparon los famosos ordenadores, que remita «todos los informes técnicos realizados» sobre esas computadoras y las «resoluciones dictadas por las autoridades judiciales sobre la adecuación legal de las diligencias de análisis» para confirmar si durante el estudio de esos ordenadores «se respetaron las normas de procedimiento conforme a la legislación y jurisprudencia colombiana».