Bruselas cree que las pensiones españolas sufrirán a partir de 2030

La UE volvió a insistir ayer en que el Gobierno español ha de tomar medidas más ambiciosas para reformar el sistema de pensiones que el retraso en la edad de jubilación a los 67 años, frente a los 65 de la actualidad. Según un informe publicado ayer en Bruselas, el sistema funciona correctamente y goza de buena salud, pero puede empezar a sufrir ciertos desequilibrios a partir de 2030. Tal advertencia se recoge en el documento 'Informe Conjunto de Pensiones de los Comités de Política y Protección Social de la Unión Europea', estudiado por el Ecofin y que analiza los cambios planteados por el Ejecutivo para asegurar la solvencia de las prestaciones a largo plazo.

Aunque los expertos consideran «justificada» la reforma del sistema de pensiones, constatan que los riesgos que afronta España debido a varios factores «hacen necesario garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social más allá de 2030». El informe subraya, en este sentido, que España es el país con la segunda esperanza de vida más alta del mundo y donde el número de pensionistas se doblará entre 2010 y 2040.

La vicepresidente y ministra de Economía española, Elena Salgado, que participó en la reunión del Ecofin, destacó que el informe «reconoce la solidez» del sistema de pensiones español, aunque asumió la necesidad de acometer una reforma para garantizarlo dentro de 20 años. Salgado resaltó que el documento reconoce «la reducción de la pobreza y el aumento de las pensiones mínimas» en España, aunque considera que las elevadas cifras de desempleo podrían «tener algún efecto [negativo]en el futuro».

El informe recalca que «la disminución de contribuyentes a la Seguridad Social debido a la alta tasa de paro es una cuestión preocupante». Señala también que, dada la situación, no basta con prolongar la edad de jubilación, e insta a España a reformar el mercado laboral y a adoptar medidas «para permitir y fomentar que los ciudadanos trabajen más tiempo», especialmente los jóvenes. El documento recalca la necesidad de que España lleve a cabo la consolidación presupuestaria prometida con el objetivo de reducir la deuda pública y aumentar la capacidad del país de financiar el incremento del gasto público en un futuro.