Rescate a prueba
El caso de Irlanda obliga a España a acelerar las reformas estructurales pendientes
Actualizado:La disposición de las instituciones de la UE a acudir junto con el FMI y el Banco Mundial al rescate del sector bancario irlandés -aceptando que las finanzas públicas de dicho país están aseguradas hasta julio de 2011- constituirá una medida suficiente si disipa los recelos que los mercados albergan en su economía, y la deuda emitida por la República de Irlanda logra rebajar sustancialmente la diferencia de 8,36% a 2,61% que ayer alcanzó respecto al interés del bono alemán. De lo contrario el efecto contagio no se detendría en Grecia y en Portugal y afectaría más de lo que ya lo está haciendo al crédito de la economía española. Las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, extrayendo de la experiencia del pasado verano en Europa la lección de que en materia de deuda «hay que actuar con rapidez y decisión» no suponen únicamente un consejo; pueden convertirse en un reproche que dejaría a la UE sin argumentos a la hora de hacer frente a las iniciativas que está adoptando Washington en política monetaria. Es evidente que la credibilidad que merecen las economías europeas no se gana tanto desdramatizando la situación como mediante la consolidación fiscal de las cuentas públicas y la máxima transparencia respecto a su evolución. El Gobierno español tiene razones para alegar que, aplicadas las medidas de reajuste y anunciadas las reformas estructurales, nuestra economía ya no es equiparada por los analistas con los riesgos que los inversores destacan en Grecia, Irlanda o Portugal. Pero en tanto que la imagen de un Gobierno remodelado para afrontar los retos de la economía se vea acompañada por la ralentización del ritmo reformador respecto al mercado de trabajo, el sistema de pensiones y las medidas de austeridad en el gasto podríamos vernos arrastrados por las dudas que suscitan dichos países. De entrada, y con el bono español al 4,60%, tal ralentización está siendo costeada mediante el retraimiento de la capacidad inversora de todas las administraciones del Estado.