Las contrataciones de la era PP, a los tribunales

El enfrentamiento entre el Gobierno local de Jerez y el PP amenaza con trasladarse a los juzgados. Los populares reabrieron ayer una herida pidiendo la comparecencia de la alcaldesa en el pleno para dar explicaciones por el caso del PTA, lo que motivó una airada reacción de los socialistas, que amagan con denunciar varios nombramientos «presuntamente ilegales» de la etapa de gobierno popular.

«El Gobierno municipal estudia poner en conocimiento de la Justicia las presuntas irregularidades cometidas por el PP en materia de contratación en el periodo en el que gobernó en el Ayuntamiento, entre los años 2003 y 2004», señalaba un comunicado emitido desde el Ayuntamiento.

Una de las claves que sustenta esta posible denuncia «es la orden dada por el entonces teniente de alcaldesa, Bernardo Villar, de proceder a la contratación de cuatro personas en diferentes áreas municipales, incluso con complementos de productividad para alguno de ellos que se elevaban a más de 9.000 euros anuales». El Ayuntamiento respondía de este modo a la petición del PP de solicitar la comparecencia de la alcaldesa en el pleno para que informe sobre las posibles ayudas ilegales a una empresa sanitaria para la compra de suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario.

«El PP tiene la desfachatez de hablar de irregularidades cuando María José García-Pelayo no tiene las manos limpias», reprocha el comunicado y anuncia que «el Gobierno municipal demostrará quién fue el que cometió de verdad ilegalidades en los contratos».

En el mismo comunicado se señala que la evidencia más clara de las presuntas irregularidades del PP «es el escrito de Villar ordenando la contratación de cuatro personas, una de ellas como asesor de la entonces alcaldesa, García-Pelayo, al que incluso se premió con una elevada productividad». «Ésas son las formas del PP aplicadas por García-Pelayo, que quiere dar lecciones de transparencia».