La amenaza de la paralización total sobrevuela el tranvía

Es incuestionable que la obra del tranvía por San Fernando lleva meses sin avanzar. No hay más que pasear por los extremos de la calle Real para darse cuenta de la falta de actividad en uno y otro lado. Los isleños están preocupados y cansados de tener la ciudad colapsada por los trabajos. Y el mayor temor es que el conflicto legal retrase aún más los plazos establecidos para la actuación. Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el fallo que anula el proyecto del tranvía no recoge ninguna medida cautelar referente a su paralización, pero no por ello los vecinos están más tranquilos. Sienten que la amenaza de que esto ocurra planea por la obra y en cierto modo su pálpito no anda desencaminado.

El abogado que defiende los intereses de los expropiados, José Antonio Gamero, está estudiando solicitar la ejecución provisional de la sentencia en el caso de que la Junta recurra al Supremo. Esto quiere decir que el alto Tribunal podría dictaminar la suspensión de los trabajos hasta que se resuelva la vía legal, que puede durar años.

Con esta petición pretende atarlas indemnizaciones a sus clientes y forzar una negociación rápida para no prolongar la precariedad de los afectados, especialmente de Joaquín Moreno, el único que no llegó a un acuerdo con la Junta por su vivienda y que permitió que la denuncia saliera adelante.

«Joaquín desde el principio ha sido el peor tratado por la administración autonómica para alcanzar un acuerdo en el justiprecio de su casa y su negocio. La Junta no ha querido saber nada de pagarle la pérdida del arrendamiento ni pagarle tampoco la desaparición de su negocio y su medio de vida», aseguró Gamero.

Claro que la petición del abogado (en caso de llevarse a cabo) cuenta con un inconveniente complicado de sortear. El Supremo puede pedir un aval de millones de euros para certificar la paralización de los trabajos. «Aunque parezca extraño lo cierto es que esta resolución ha creado un gran impacto y existen diferentes colectivos que están dispuestos a inmiscuirse hasta tal punto que el aval no sería un verdadero problema».

Lo que sí tiene claro Gamero es que a la Junta ahora le conviene ganar tiempo para poder solventar el contratiempo administrativo «que no es tan pequeño cuando el TSJA arroja una sentencia tan clara». La solución sería llegar a un acuerdo con los expropiados, aunque esto no invalida la resolución. «Con una sentencia uno no puede retirarse del caso. Si mis clientes llegan a un acuerdo entonces está claro que ya no es necesario tomar más medidas, pero sería la Justicia la que debe tomar la última decisión».