La Junta defiende la legalidad del tranvía de San Fernando

Después de reflexionar durante unos días y examinar a fondo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Junta ha dado la cara para decir que están trabajando en el recurso y seguirán adelante con el proyecto. “Tenemos unos plazos que cumplir y el tranvía debe estar para 2012”, ha afirmado el delegado de Obras Públicas Pablo Lorenzo.

Lorenzo considera que la sentencia sólo cuestiona un “detalle nimio” que se solventará tras el recurso que presentarán los servicios jurídicos de la Administración andaluza. Los argumentos que presentarán serán el estado avanzado de la obra que “hace imposible la vuelta atrás” y la defensa de que las diferencias entre el estudio informativo y el proyecto constructivo no afectan al trazado, solo a calidades de materiales.

No obstante, la Junta considera que el interés del recurso presentado responde a intereses económicos y que tienen un acuerdo con todos menos con uno, “y sólo es cuestión de una valoración económica”. Lorenzo afirmó que pese a que se llegue el acuerdo con el propietario, seguirán adelante con el recurso.

José Luis Nores ha explicado que el recurso presentado por los afectados en la expropiación de terrenos se basa en cuestionar la legalidad del tranvía al no contar con el periodo de exposición pública correspondiente.

Nores ha señalado que la Junta ha cumplido con todos los plazos y en referencia a la exposición pública, "presentamos el estudio informativo el cual recibió las propias alegaciones de los afectados", y no hicieron lo mismo con el proyecto constructivo "porque no variaba el trazado del tranvía, sólo algunas referencia a calidades".

El director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha señalado que se ha actuado de igual manera en otros procesos, "y la justicia nos ha dado la razón".

Además, los representantes de la Administración andaluza han recordado que ante la petición de suspender las obras del tranvía por parte de los demandantes, el 16 de abril de 2009, el TSJA desestimó su recurso alegando que "primaba el interés público sobre el privado".

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