Indemnizan con 12.000 euros a una familia que sufría ruidos de un bar

La responsable de un bar de Arcos de la Frontera ha sido condenada a pagar una indemnización de 3.000 euros a cada miembro de una familia que vive frente a su local, por los daños morales que han sufrido debido a los ruidos del establecimiento.

En una sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arcos de la Frontera estima que la familia, un matrimonio y sus dos hijos, ambos menores de edad, sufren "importantes transtornos psicológicos" debido a los ruidos procedentes del bar.

Recuerda que diversas mediciones periciales efectuadas han comprobado que los ruidos del local "alcanzan lo verdaderamente intolerable" y, en concreto, una de ellas ha determinado que "los niveles de inmisión de ruidos en la vivienda llegaban a superar los 90 decibelios, esto es, 69.3 decibelios más de lo permitido", lo que debería dar lugar, según la normativa vigente, "al precintado del foco emisor" o la "clausura temporal" del local.

La sentencia señala que la familia "durante un periodo muy prolongado" ha vivido con "unos ruidos y molestias que han excedido claramente de lo razonable y admisible" y que ello "ha deteriorado notablemente su calidad de vida", ya que la contaminación acústica a la que han estado sometidos les ha impedido "desarrollar un descanso normal", lo que ha afectado a su estado de ánimo y a su rendimiento laboral.

La sentencia condena también a la responsable del bar a ajustar la actividad del local a la normativa administrativa "en aspectos tales como el horario de cierre, el volumen de la música, o la preparación de alimentos en su local" y a no emitir "ruidos que sobrepasen los límites propios según esa normativa".

La sentencia desestima la demanda que la responsable del bar había interpuesto a su vez contra la familia, a la que acusaba de haber generado importantes perdidas en su negocio ya que muchos clientes habían dejado de acudir a él ante la presencia "casi diaria" de la Policía Local en el establecimiento por la cantidad "desproporcianada" de denuncias que la familia había realizado contra el mismo.

En la demanda, la responsable del bar, que no tenía licencia para tener cocina ni música ni para tener actividad en un velador exterior, reclamaba 30.000 euros de daños y perjuicios a la familia, que llegó a interponer más de treinta denuncias contra el bar entre marzo de 2006 y julio del 2007.

El colectivo Juristas contra el Ruido, que ha llevado la defensa de la familia afectada por esta contaminación acústica, ha criticado la "pasividad" del Ayuntamiento de la localidad al permitir la actividad del local pese a que funcionaba sin las autorizaciones pertinentes.