Masiva manifiestación en Sevilla contra la reordenación del sector público
Miles de funcionarios participan en la protesta y advierten de que «no van a parar»
SEVILLA.Actualizado:Unos 40.000 empleados públicos, según fuentes sindicales, se manifestaron ayer por las calles de Sevilla para mostrar su rechazo al decreto ley de reordenación del sector público en la región andaluza, al tiempo que avisaron al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de que «no van a parar».
En declaraciones a Europa Press, la presidenta del Sector de función pública de la Junta del sindicato CSIF, Alicia Martos, celebró que la manifestación transcurriera con «normalidad y empleados de toda Andalucía han pedido de modo pacífico con una sola voz la derogación del decreto».
Para la sindicalista, «la lucha va a seguir, que no piense Griñán que nos quedaremos aquí», de modo que, «seguiremos rechazando la reordenación de los puestos de trabajo con movilizaciones contra el decreto». Además, según ha informado, los empleados públicos van a realizar en una fecha aún no determinada «una gran cadena humana» rodeando el Palacio de San Telmo -sede de la Presidencia del Gobierno andaluz-, «todos de espalda a la Administración igual que el Gobierno la da a los empleados».
La manifestación estaba convocada por los sindicatos CSIF y Ustea y un grupo de asociaciones de funcionarios «autogestionadas por los propios trabajadores» y transcurrió entre la Alameda de Hércules y el Parlamento Andaluz.
Según destacaron fuentes sindicales a Europa Press, con esta manifestación se demuestra, «la unidad sindical y de los trabajadores públicos para pedir la derogación del decreto ley, nuestro único y último objetivo».
«Apostamos por la unidad de acción, debemos estar todos más unidos que nunca con el único fin de retirar el decreto, sindicatos y plataformas de empleados públicos», apuntaron las fuentes. E
Los sindicatos Ustea y CSIF-A, que estudian presentar un recurso contra el acuerdo entre la Junta, CC OO y UGT para modificar el decreto ley de reordenación de la Junta de Andalucía, hace varias semanas han llegado a un acuerdo con siete asociaciones de funcionarios y empleados públicos de la Junta para «unificar acciones y movilizaciones» en contra del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, de forma que los sindicatos «apoyarán todas aquellas acciones que persigan la derogación del decreto ley».
El manifiesto está consensuado por CSIF-A, Ustea, SAT, las asociaciones y plataformas 'Plataforma del Agua de Sevilla ', 'Asociación de Opositores y Nuevos Funcionarios de la Junta de Andalucía', 'Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía', 'Asociación en Defensa del Servicio Público', 'El Tercer Lado', 'Plataforma de Torretriana' y 'Plataforma de Igualdad'.
Desde la localidad jiennense de Porcuna, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno , afirmó que las críticas en torno al decreto ley de reordenación del sector público «nada tienen que ver con la inconstitucionalidad» del mismo, sino con «personas que están interesadas en manifestar una hostilidad contra el Gobierno andaluz y que están en una posición política contraria».
«Desde la Junta de Andalucía estamos absolutamente convencidos de que el decreto es positivo, lo avala también el acuerdo que hemos alcanzado con UGT y CC OO, que han modificado y mejorado el acuerdo», señaló la consejera. Además, ha valorado que el propio Defensor del Pueblo haya avalado el decreto, «al considerarlo constitucional y que respeta la negociación colectiva».
Derogación
En cambio, el secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, exigió ayer la derogación «urgente» del decreto ley de ordenación pública e instó en negociar con todos los sindicatos representativos, «en caso de que hubiera que realizar dicha reordenación», ante «el sectarismo, la prepotencia y la soberbia de la Junta de Andalucía.
Sanz calificó como «uno de los mayores errores de la historia de este Gobierno» esta normativa e insistió en que se trata de una «barbaridad jurídica y política en materia de ordenación pública que responde a la prepotencia y soberbia de la Junta».