El PP pide dimisiones por el «grave error» que ha tumbado el proyecto del tranvía

«Un error de esa magnitud no se puede cometer en una administración que maneja esas cantidades de dinero. Aquí hay responsabilidad política y lo que queremos saber es qué medidas se van a llevar a cabo al respecto». En otras palabras, el Partido Popular (PP) entiende que debe haber dimisiones por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que anula el proyecto del tranvía a su paso por San Fernando. El parlamentario andaluz de Izquierda Unida (IU) por la provincia de Cádiz, Ignacio García, solicitó ayer la comparecencia de la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, para que informe de la situación en la que queda la actuación. El diputado andaluz afirma que la situación creada es «comparable a la que se vivió con Las Aletas» y señala que una vez más, la Junta muestra su «incapacidad para prever las repercusiones jurídicas de sus actuaciones, provocando retrasos innecesarios en proyectos de importancia y poniéndolos en riesgo». Opinión que comparte el presidente provincial del PP, José Loaiza, que considera que ahora hay que determinar los retrasos, los nuevos plazos y el coste que supondrá la resolución. «Lo que está claro es que esto no pueda servir de excusa para la paralización de los trabajos», aseguró.

Pero no ha sido el popular más crítico con la confusión al tramitarse el proyecto por parte de la Junta, este papel fue asumido por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. «Es una vergüenza adjudicar una obra sólo con un estudio previo». Y añadió: «Si lo hace esta alcaldesa, estoy en la cárcel». Además, Martínez advirtió que como senadora del Partido Popular también pedirá explicaciones por la adjudicación de otros tramos de las obras y, en concreto, por el informe de impacto ambiental de los trabajos a su paso por las salinas en el trazado que une Chiclana y San Fernando.

Las asociaciones comerciales de la ciudad también han mostrado su asombro. La más contundente en sus comentarios fue Emproa ya que llevan tiempo denunciando las deficiencias del proyecto a su paso por la calle Real. «Estas personas se están burlando de La Isla y deberían de restituir todo el daño que han hecho a los ciudadanos y comerciantes», expuso su presidente José Luis Cardoso. Más cauta fue Cristina Arjona, la responsable de Acosafe, la otra entidad comercial de la ciudad. «Confío en la sensatez de las personas y que se solucione cuanto antes».

Mientras que la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, mantenía el discurso de que las obras «van a continuar», el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, anunciaba la apertura de una vía de negociación con los expropiados (que interpusieron la denuncia) para solucionar este conflicto. El PSOE local también se ha pronunciado a través de su concejal Patricia Cavada para destacar que esta sentencia no puede servir nuevamente de «excusa política para intentar dividir a lo sociedad isleña en torno a un proyecto que pertenece a toda la ciudadanía».

Por último, el alcalde isleño, Manuel María de Bernardo, sigue insistiendo en que los trabajos se agilicen y vuelvan al ritmo de hace un mes y medio y no «al de días antes de la sentencia».