Entre la economía sumergida y el fraude de los alquileres

La reflexión que hizo en su día un economista gaditano sobre la situación laboral de la provincia deja qué pensar. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ponen de manifiesto que 45.240 gaditanos sobreviven en estos momentos sin percibir ningún tipo de prestación social. Es decir, no entra un euro en casa. El dato numérico es del todo cierto, pero la realidad es otra. La economía sumergida es una de las prácticas más comunes en la provincia de Cádiz, junto con Huelva, Córdoba y Granada. Un reciente estudio elaborado por los técnicos de Hacienda integrados en Gestha revela que en el último decenio, la economía sumergida ha aumentado un 29% en la provincia. Los cálculos destacan que 5.300 millones de euros escapan cada año al fisco en Cádiz, lo que quiere decir que cada contribuyente gaditano oculta una media de 4.350 euros. En términos absolutos se trata de un 24,3% del PIB. Según los técnicos, si esta economía clandestina aflorara, la recaudación aumentaría en 862 millones de euros. La segunda pata del fraude se localiza en los alquileres de pisos. Tres de cada cuatro arrendamientos son sumergidos. Es decir, es un dinero que se mueve sin control fiscal. En Andalucía se estima que 220.000 alquileres no se declaran, lo que supone el 71,6% del total, una práctica también común en zonas costeras como la gaditana. La Costa de la Luz y Málaga son dos puntos negros de la geografía nacional en cuanto a arrendamientos ilegales, que se saldan en un acuerdo entre las partes.