El Sahara no es Marruecos (II)

Hace diez meses, en este mismo medio (La Voz 24-12-2009) publiqué un artículo donde razonaba, a la luz del derecho internacional, que el Sahara no es Marruecos. Basaba mi afirmación en el Informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de Seguridad de la ONU, de 29 de enero de 2002, en el que se analizaba la situación del Sahara Occidental.

Efectivamente, en dicho informe, se declaraba que «el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente». En consonancia con lo anterior, en el apartado tercero del Acuerdo de Madrid se señalaba, y Marruecos como parte signataria aceptaba, que «será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá».

Por lo tanto, según las Naciones Unidas, Marruecos ni es potencia administradora del Sahara, ni está bajo su soberanía, simplemente es una potencia ocupante que carece de título jurídico suficiente para ello. Marruecos no está incluido dentro de la lista de la ONU de potencias administradoras. Se puede afirmar que España sigue siendo aún la potencia administradora del territorio de iure, aunque no de facto. Marruecos, sin ser potencia administradora del Sahara occidental, y menos aún, sin tener soberanía sobre dicho territorio, sin embargo, actúa como si de un territorio marroquí se tratara, cuando es incierto, y lo hace con la anuencia de la comunidad internacional, especialmente de EEUU y Francia, y además, con la complaciente permisividad del Gobierno de España. Su ilegal soberanía la ejerce a su manera, sin reconocimiento de los más elementales derechos humanos de los saharauis. Buena prueba de ello es la brutal represión llevada a cabo el lunes pasado para desmantelar un campamento saharaui a las afueras de El Aaiun.

Marruecos, que en las cuestiones del Sahara, no ha dejado de violar el derecho internacional, ya que desde el inicio del conflicto, el 6 de noviembre de 1975, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 380, deploró la Marcha Verde y exigió su inmediata retirada, lo que fue completamente ignorado por Marruecos. En efecto, la escandalosa indolencia marroquí hacia la mencionada Resolución 380 del Consejo de Seguridad, por su invasión nada pacífica, así como por el uso de miles de civiles para coaccionar a una España en crítica situación a negociar, constituyó una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas. La Marcha Verde, como toda invasión de un territorio ajeno, fue una una auténtica agresión contraria al derecho internacional. A partir de ahí, Marruecos se ha dedicado a dinamitar cualquier situación que no supusiera la consolidación del status quo, y que contraviniera lo que el mismo Hassan II denominó «la ferme volonté de récupérer le Sahara», y que su hijo Mohamed VI ha ratificado como «la marocainité du Sahara», desoyendo el mandato de las Naciones Unidas de proceder a su descolonización a través del reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

España, si bien es cierto que abandonó el Sahara a su suerte, mediante el muy criticado Acuerdo de Madrid, lo hizo a pesar de que nuestras Fuerzas Armadas estaban dispuestas a defender el territorio de la ilegítima agresión marroquí. Sin embargo, no es menos cierto que en los siguientes 35 años la democracia española no ha sabido ejercer sus responsabilidades sobre el Sahara. Atrás quedan las declaraciones de Felipe González el 14 de noviembre de 1976 en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf: «Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final», lo que con el tiempo se ha transformado en el muy complaciente mensaje del actual Gobierno español, que manifestó que «España constata que la Ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara occidental», expresado el año pasado como consecuencia de los hechos ocurridos con motivo de la vuelta de Aminatou Haidar a El Aaiun.

La benevolente conducta de la comunidad internacional, y especialmente del Gobierno español, con la actuación de Marruecos no ha hecho más que envalentonar al muy provocador gobierno alauí, que no hace más que negociar las tensiones por él mismo provocadas según le interesa y en esa dinámica cabe incluir los sucesos de la isla de Perejil, los periódicos disturbios en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, el maltrato a periodistas, abogados o parlamentarios españoles, la retirada caprichosa del embajador y el nombramiento para dicho cargo de un ex polisario, entre otras cuestiones, y por último, la muy deplorable actuación con los indefensos saharauis. Ante esta situación ¿puede España seguir permitiendo que Marruecos siga comportándose como un desleal vecino, sin que tenga por respuesta más que una indulgente sonrisa?