El PP catalán recupera el 'contrato de integración' de Rajoy

La canditada del PP a la Generalitat de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ha presentado el 'contrato de integración' que defendió el partido a nivel nacional hace dos años, en las elecciones de 2008. Durante uno de los últimos actos de la precampaña, antes de que este jueves por la noche eche a andar la caravana electoral, la dirigente 'popular' ha presentado en Santa Coloma un documento que tendrían que firmar los inmigrantes que llegaran a Cataluña. Se comprometerían a "retornar a su país si por espacio de un período de tiempo carecen de empleo y de medios para sostenerse".

Es un "contrato" que recoge que quien quiera trabajar en la Comunidad "deberá "comprometerse a cumplir las leyes de nuestro país". Sánchez-Camacho ha explicado que los requisitos exigibles al firmante serían respetar los "valores y costumbres" de España, aprender los idiomas oficiales en Cataluña, trabajar activamente por integrarse y volver a su país de origen si no pueden sostenerse por si mismos por haberse quedado sin trabajo. El partido contempla un plazo de dos años para que el inmigrante recién llegado encuentre empleo. Si ese periodo acaba sin el objetivo cumplido, el extranjero debería abandonar el país.

Sin permiso por incumplimiento

En una vista al barrio de Fondo de Santa Coloma -uno de los barrios catalanes en el que la inmigración tiene un mayor impacto-, Camacho ha apuntado que el incumplimiento de este contrato de integración impediría que el inmigrante pueda renovar los permisos de residencia y de trabajo. El PP propone que, como contrapartida, el contrato contemple que la Generalitat se comprometa a promover la integración de los inmigrantes, respetar sus creencias y costumbres mientras "no sean contrarias a las leyes y al marco de convivencia", y garantizar su formación.

Lo planteado por Camacho no es otra cosa que lo que Rajoy ya puso sobre la mesa en la campaña electoral de las generales de hace dos años. Entonces, el presidente del PP se comprometió a que, si gobernaba, pondría en marcha "un contrato de integración" para los inmigrantes por el que éstos tendrán los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a "cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles", entre otras cuestiones.

El contrato afectaría a todo aquel inmigrante que quiera obtener "un permiso superior a un año de residencia en España", e incluiría el requisito de comprometerse a "regresar a su país si durante un tiempo no logra encontrar empleo".