La deuda de las administraciones públicas supera los 34.000 millones

Las administraciones públicas tardan 158 días, de media, en hacer frente a sus facturas, pese a que la reforma de la Ley de Morosidad entró en vigor hace 120 días y acorta el periodo para hacer frente a los pagos. Los cambios, lejos de resolver las demoras las han acentuado. La deuda asciende a más de 34.000 millones de euros. La denuncia de la situación corrió a cargo del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien lamentó ayer que el retraso en los pagos haya provocado la desaparición de 200.000 negocios de emprendedores en los últimos años, cantidad que -si la permisibilidad continúa- engrosará otros 100.000 fracasos en 2011.

Amor hizo hincapié en que todas las administraciones están implicadas en la morosidad. «Más del 90% (ayuntamientos, organizaciones provinciales, comunidades autónomas, organismos estatales, etc.) incumple la Ley», remarcó a la vez que informó que también en el sector privado hay demora. En este caso, la tardanza es de 101 días. En ambos ámbitos, las consecuencias para los autónomos son nefastas. El 64% del colectivo se ve afectado por la falta de cobro y «uno de cada cinco emprendedores tarda un año en cobrar su factura».

La reforma de la Ley prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días los correspondientes a las administraciones públicas a partir del 1 de enero de 2013, con un período transitorio para su entrada en vigor, según recordó el presidente de ATA. El calendario para 2010 es de 55 días para las administraciones y de 85 para las empresas.

A juicio de Amor, «para garantizar el cumplimiento de la Ley de Morosidad se deberían dejar de encargar trabajos a autónomos y empresas que no se puedan pagar en tiempo y forma» al mismo tiempo que se aplica una serie de medidas urgentes. Entre ellas figura la línea ICO-Morosidad para que los ayuntamientos puedan resolver las deudas contraídas con autónomos y pequeñas empresas.

El responsable de ATA igualmente apostó por «tributar el IVA cuando se cobre las facturas» de acuerdo con la proposición de Ley aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados. En su opinión, esta iniciativa debe acometerse de forma inmediata, puesto que existe una directiva comunitaria que permite a los países el cambio de abono de las facturas al criterio de caja.

Lorenzo Amor abogó por la elaboración de un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad con el número y la cuantía global de las obligaciones pendientes, y por la publicación de los libramientos de pago para que los autónomos y la mayoría de subcontratistas conozcan cuándo se realizó el pago y puedan reclamar su deuda. También de suma importancia es «dar la posibilidad a los ayuntamientos de refinanciar la deuda». Para concluir, el presidente de ATA reclamó «la posibilidad de que los ayuntamientos puedan refinanciar sus débitos».