La Audiencia acoge el primer juicio de la operación antidroga 'Corralito'

La operación 'Corralito' fue una de las más sonadas en la ciudad el pasado año, pues propició la detención de 29 personas, el desmantelamiento de una importante red de tráfico de drogas e incluso la imputación de dos policías locales acusados de una presunta omisión del deber de perseguir delitos. Ahora, algo más de un año después la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acogerá el primero de los juicios por esta causa, que ha sido dividida en tres fases diferentes con sus correspondientes vistas orales.

Esta primera está fijada para el 22 de noviembre y en ella se sentarán en el banquillo doce imputados (la mayoría de ellos pertenecientes a una misma familia jerezana) por un presunto delito contra la salud pública, a los que se acusa de ejercer el tráfico de drogas a través de lo que se conoce como el menudeo de una forma continuada.

Como han confirmado fuentes del caso, en una segunda fase para la que aún no se ha señalado la vista serán juzgados otros miembros de la banda de origen español y también colombiano, mientras que el tercero de los juicios se centrará en dilucidar la presunta connivencia de los dos agentes imputados en la consumación del delito.

Como consta en el escrito de calificación de la fiscal, al que este periódico ha tenido acceso, los hechos por los que serán juzgados los doce individuos incluidos en la primera fase el próximo día 22 arrancan en marzo de 2009, fecha a partir de la cual se tiene constancia de su supuesta vinculación con el narcotráfico.

La matriarca

La investigación parte de María G. M, a la que se sigue la pista muy de cerca después de que la Policía tenga indicios de que se dedica a esta actividad, concretamente a la venta de papelinas de heroína y cocaína en su propio domicilio de la calle Zeta, en la barriada Federico Mayo. A María se le identifica como la propietaria de las sustancias y la que controla los beneficios que se producen con dicha venta.

Según la fiscal, en estas operaciones es auxiliada por una serie de personas, algunas de ellas toxicómanos, que a cambio de dinero o de droga son los que se sitúan en la ventana de su casa para hacer las entregas o se colocan en el exterior para dar aviso ante una posible presencia policial. Entre estos colaboradores se encontraría su hija, María del Mar G. y la pareja de ésta, Adrián A. M, que viven en la misma calle que la principal acusada.

Otros que presuntamente también están relacionados con la red de narcotráfico son Carlos C. A, Emilio S. S, Manuela G. M. (otra hija) y José F, estos últimos residentes en una vivienda de la calle Cepa, en San Benito, donde supuestamente se recibiría el dinero final de la transacción y donde también se ejerce la actividad ilícita. Entre los encargados de distribuir las papelinas para la pareja se cita a Emilia F. H, Manuel V. C, María del Carmen S. M. y Jéssica J. E.

Otra de las imputadas es Rosario G. M, hija de María y hermana de María del Mar y Manuela, a la que se acusa de traficar con droga en su domicilio del edificio conocido como 'El Titanic'. El dispositivo policial de vigilancia se extendió durante varios meses, que incluyeron la intervención telefónica de varios de los acusados hasta que en el mes de julio se procedió a efectuar los registros necesarios y las posteriores detenciones.

A pesar de que las cantidades de estupefaciente intervenido no fueron cuantiosas, la Fiscalía solicita para todos ellos penas de entre cuatro y siete años de prisión por un presunto delito contra la salud pública, en algunos de los casos con el agravante de reincidencia.

Presunta implicación policial

Aunque se trata de uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico jerezano de los últimos años, la verdadera trascendencia de la operación 'Corralito' se produjo a raíz de la presunta implicación de tres policías en el caso, dos de ellos locales y otro nacional. Mientras que este último logró escapar de la quema y lo relativo a su supuesta vinculación fue archivado, los agentes municipales no corrieron tanta suerte y serán juzgados dentro de la tercera fase, como aseguraron las fuentes consultadas por LA VOZ.

De esta forma, pese a que se considera que existen indicios de que los funcionarios intercambiaron presuntamente información con los narcos, el Sindicato Independiente de la Policía sigue creyendo en la inocencia de los agentes. Como argumentó la formación en su momento, éstos entregaron de forma voluntaria al Juzgado un total de 26 documentos que certifican que la imputación es infundada, y que se basa únicamente en «las declaraciones de los miembros del clan».