Un presidente encadenado

A pesar de la impopularidad del mandatario, de la movilización de las bases conservadoras y de la algarabía del Tea Party, solo la mitad de los estadounidenses ha seguido de cerca la contienda y apenas otro tanto acudirá a las urnas. Ni tan siquiera la animadversión hacia los congresistas ha conseguido azuzar el interés del público por los comicios intermedios que hoy dibujarán el mapa político del país durante la próxima década.

Además de renovar por completo la Cámara de Representantes y algo más de un tercio del Senado, una treintena de estados elegirá a los gobernadores y parlamentarios regionales que en 2011 trazarán las nuevas circunscripciones electorales. El vencedor partirá con ventaja en las convocatorias venideras hasta la elaboración del censo de 2020. Si la oposición republicana arrebata al Partido Demócrata el primer puesto en la Cámara Baja y la 'supermayoría' senatorial, el Ejecutivo deberá aminorar y consensuar su programa para evitar la paralización del proceso legislativo. El encauzamiento de la reforma sanitaria corre peligro y la aprobación de otras propuestas, como el plan de estímulo en infraestructuras o la nueva ley medioambiental, caerán en saco roto.

EE UU renueva cada dos años los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. La Constitución otorga al Congreso bicameral «todos los poderes legislativos», de manera que el sesgo ideológico de la mayoría parlamentaria no tiene por qué coincidir con el del Gobierno, como en Europa. El presidente puede firmar los proyectos de ley o vetarlos, pero no -con salvedades- legislar.

Así, y ante un bicameralismo casi perfecto, las iniciativas legales deben consensuarse entre los distintos estamentos de poder. Los padres fundadores concibieron este modelo a fin de reflejar en las instituciones los variados intereses sociales, enfriar las pasiones políticas y proteger los derechos de las minorías. Para robustecer el sistema de pesos y contrapesos, los electores eligen en papeletas distintas al presidente y vicepresidente, a su representante y senador.

Con todo, el tiempo ha adulterado el equilibrio que propugna la Carta Magna. Carmen de la Guardia, profesora de Historia contemporánea de EE UU en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que el eslabón presidencial, engordado al calor de las guerras, era en sus orígenes «uno de los más débiles». Se ha desvirtuado, a su vez, el equilibrio entre las dos cámaras parlamentarias. En el Senado son necesarias las tres quintas partes de los votos -la 'supermayoría' de 60 escaños- para evitar la práctica del filibusterismo, que permite demorar sin fin el debate a petición de 40 senadores. El 'impasse' en que ha derivado esta técnica, sumado al descrédito de los congresistas, ha hecho del brazo legislativo el más repudiado por los electores. En opinión de Curtis Gans, director del Centro para el Estudio del Electorado Estadounidense (CSAE), «la desmotivación constituye un factor clave» a la hora de explicar la baja participación.

Un 40% de participación

Pese al sistema mayoritario de listas abiertas y elecciones primarias que populariza el debate y obliga a los candidatos a rendir cuentas ante los electores, apenas un 40% acudió a las urnas en 2006. Los sondeos indican que en esta ocasión la asistencia solo será mayoritaria entre los electores blancos de más de 40 años, un grupo favorable al Partido Republicano. Gans asegura que el «declive de la calidad del sistema educativo y de la responsabilidad cívica» retrae a los jóvenes del proceso. Votar en EE UU requiere, además, registrarse con anterioridad ante las autoridades del estado. Aunque no es un trámite engorroso, consigue desincentivar el sufragio entre quienes peor conocen el procedimiento: jóvenes y clases depauperadas, fundamentalmente.

La apatía del público contrasta con el precio final de la batalla política. La factura récord de 5.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) ha devuelto al candelero una controversia avivada en enero tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar el límite a las donaciones de empresas y sindicatos. De la Guardia cree que la pugna por estas «cantidades exorbitantes distrae a los candidatos de sus menesteres, desilusiona al público y lo aleja aún más de la clase política». Muchas empresas y sindicatos se han valido de las organizaciones sin ánimo de lucro para encubrir vastísimas ayudas de las que se han beneficiado demócratas y republicanos por igual. La singular trascendencia de estos comicios tiene una explicación.

Cada diez años el Gobierno federal actualiza el censo y el número de representantes que corresponde a cada estado. Sin embargo, compete a los parlamentos estatales trazar las circunscripciones electorales y es habitual que los cambalaches prevalezcan frente al sentido común. El censo de este año, aún inconcluso, recompensará el crecimiento demográfico de los estados sureños, tradicionalmente conservadores. Si, como es previsible, el Partido Republicano sale victorioso de las contiendas regionales, noviembre se convertirá en un mes extraordinario para la formación que hace solo dos años parecía sentenciada a muerte por el triunfo arrollador de Barack Obama.