El Gobierno quiere reunir ya a empresarios y sindicatos para impulsar el diálogo social

El Gobierno se ha marcado como objetivo prioritario normalizar la relación entre los agentes sociales y acelerar en la medida de lo posible el diálogo entre sindicatos y patronal, en un momento complicado por el relevo pendiente en la cúpula de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y las advertencias de CC OO y UGT de un 'otoño caliente' repleto de movilizaciones contra la reforma laboral y la política económica del Ejecutivo.

El nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que estos días ultima la composición de su gabinete, recoge la 'patata caliente' que dejó Celestino Corbacho con la premisa de acercar posturas pero sin olvidar su responsabilidad. Gómez ya ha advertido de que intentará lo indecible, pero «sin dejar de gobernar».

María Luz Rodríguez, consejera desde 2007 de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha, se perfila como una de las grandes protagonistas de los próximos tiempos. Rodríguez se convierte hoy en la nueva secretaria de Estado de Empleo, cargo inédito en el gabinete Zapatero (hasta ahora, Empleo era una secretaría general) desde el que le tocará lidiar a fondo con los agentes sociales.

La política social y laboral en España tiene muchos frentes abiertos, que prometen un escenario complicado, o al menos intenso, en los próximos meses. Dejando aparte la peliaguda reforma de las pensiones, a tratar en el Pacto de Toledo, Gómez y el propio hombre fuerte del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, han subrayado su deseo de normalizar la situación y de sentar cuanto antes a la misma mesa a patronos y sindicatos, que han de abordar la reforma de la negociación colectiva. En principio, y salvo complicaciones de última hora, la agenda de Gómez contemplaría reuniones al efecto esta misma semana.

Uno de los grandes escollos es que los empresarios están inmersos en unas elecciones a la presidencia de la CEOE que no culminarán hasta diciembre. Será entonces cuando se sepa el nombre del sucesor de Gerardo Díaz Ferrán, al que, por descontado, desde los sindicatos pero también desde el Gobierno le han llovido críticas por su receta de «trabajar más y ganar menos» para salir de la crisis. Ese estigma puede hacer que los empresarios cuiden especialmente la designación de su nuevo 'jefe' para evitar 'contaminaciones hereditarias'. Por ahora, parece haber dos candidatos oficiales y otro a pocos metros de la línea de salida, aunque a la espera de acontecimientos. Los dos primeros son Joan Rosell (patronal catalana) y Jesús Banegas, máximo responsable de las empresas tecnológicas. El tercero es Santiago Herrero, que tiene el aval de su organización, la andaluza, pero aún no ha dado el paso definitivo.

Tampoco ayuda que, como primer mensaje, la CEOE haya destacado su apuesta por el descuelgue general, no solo de los salarios, en los convenios colectivos. Idea inmediatamente rechazada por los sindicatos, que acusan a la organización empresarial de retrasar cualquier negociación con la excusa de las elecciones con la única esperanza de que sea el Gobierno quien, casi 'manu militari', reforme unilateralmente la regulación de los convenios.

Esa posibilidad no está tan alejada, a tenor de las palabras de Rubalcaba y Gómez, que han recordado que la reforma laboral da de plazo seis meses (uno ya se ha consumido) para resolver ese asunto. Una vez más, si no hay avances, sería el Gobierno el que tomara las riendas. Todos los actores se reconocen más que dispuestos al diálogo. Eso sí, siempre que alguien les llame. Y ese alguien va a ser el ministro. Por ahora, CEOE y los sindicatos no han reconocido más diálogo que unos contactos técnicos para intercambiar papeles y propuestas.

El conflicto no termina, ni mucho menos, en la negociación colectiva, que, a fin de cuentas es, o debería ser, un camino a recorrer sólo por sindicatos y empresarios.

Queda por emprender un complejo desarrollo reglamentario de la reforma laboral, a la que el Gobierno invita una y otra vez a los sindicatos con mensajes de que, quizás, algo se podría dulcificar.

CC OO y UGT no quieren ni oír hablar de eso por cuanto tienen como máxima luchar contra la propia reforma. Una batalla para la que, incluso, estudian presentar una iniciativa legislativa popular. Han amenazado con un 'otoño caliente' contra el Gobierno repleto de movilizaciones en las empresas.