La Audiencia Nacional cita a declarar a Cubillas y Urtiaga el 14 de diciembre

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco llamó ayer a declarar para el próximo 14 de diciembre a los etarras Arturo Cubillas y José Ángel Urtiaga, procesados en el sumario que investiga la presunta colaboración entre ETA y las FARC en territorio venezolano. El magistrado aprovechó que los acusados han facilitado sus domicilios en Venezuela y Cuba, respectivamente, para enviarles por correo la citación judicial.

Velasco quiere que los etarras comparezcan en sede judicial para legalizar su situación y ratificar la designación de sus abogados.

Una posibilidad que se antoja harto difícil a la vista del incumplimiento de las órdenes de busca y captura que el propio juez dictó contra ellos en febrero pasado, cuando decidió su procesamiento por colaboración con banda armada, en el caso de Urtiaga, y conspiración para cometer homicidios terroristas y tenencia de explosivos, en el de Cubillas.

Arturo Cubillas está protegido por su nacionalidad venezolana para no ser extraditado. Pese a ello, el juez sugirió la pasada semana al Gobierno que iniciara los trámites para su entrega por presunto fraude de ley en la concesión del pasaporte venezolano. De momento, el Ejecutivo español ha reclamado a Caracas que actúe contra Cubillas y retire la nacionalidad al presunto etarra. Hasta ahora no hay respuesta.

La citación de Cubillas y Urtiaga llega después de que ambos solicitaran a Velasco su personación en la causa para acceder al sumario y conocer las diligencias que se vayan practicando. Para ello, enviaron un poder notarial a través de sus abogados en el que facilitaban sus respectivas residencias en Venezuela y Cuba.

Como era de esperar, primero la Fiscalía y luego el juez rechazaron ayer las peticiones dado que ambos se encuentran en rebeldía y en situación de búsqueda y captura desde febrero. De la misma forma, el Ministerio Público solicitó al juez que en el caso de Urtiaga proponga al Gobierno que inicie los trámites de extradición con las autoridades cubanas en virtud de un acuerdo bilateral que recoge estos casos. No obstante, antes de dar ese paso el magistrado informó que dará traslado a las partes sobre esta posibilidad, en concreto a la Asociación Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular en el proceso.