Villarejo cree que el Supremo es «un instrumento del fascismo español» que pone «en juego la estabilidad democrática»

El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha señalado que el Tribunal Supremo, que juzgará al juez Baltasar Garzón por haber asumido sin competencia la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, es "un instrumento del fascismo español" que pone "en juego la institución judicial y la estabilidad democrática".

Jiménez Villarejo, que realiza estas manifestaciones en una entrevista con la revista de la Fundación César Navarro, cree que el proceso contra el juez se enmarca en un escenario de "persecución y represión de la oposición al franquismo". "Estamos ante una situación crítica, no podemos bajar la guardia ante una operación encaminada a rehabilitar el franquismo y todos sus crímenes y a borrar a las víctimas la posibilidad de ejercer acciones en demanda de verdad, justicia y reparación", afirma.

De igual forma, critica la "dilación" con que, a su juicio, se está desarrollando el proceso, que considera "inaceptable". "Hay un imputado -señala en referencia a Garzón- que está ya cumpliendo la pena porque está expulsado y en esas causas hay una exigencia legal de actuar con diligencia". A su entender, la Sala Segunda del Supremo está tomándose "plazos que no están en las leyes para resolver recursos", lo que le lleva a concluir que el juicio contra Garzón es "un atentado a los principios que inspiran el poder judicial y a la independencia". "Es el proceso con menos garantías que conozco", apostilla.

Jueces cobardes

Tras apuntar que Garzón es objeto de una operación que está "dirigida desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo y no sólo desde ahí", Jiménez Villarejo sostiene que su procesamiento constituye "una perversión del sistema democrático" por parte de "jueces cobardes o tibios que tienen nombres y apellidos y de una sociedad que se ve incapaz de enfrentarse al poder judicial". "El proceso a Garzón es un intento de rehabilitación del franquismo por algunos jueces y magistrados que son directos herederos de la ideología franquista. Es un hecho histórico que produce perplejidad y un retroceso en los valores democráticos", asegura antes de señalar que nunca se ha llevado a cabo "un verdadero ajuste de cuentas con la dictadura".

En este sentido, destaca que en la Constitución no hay ninguna disposición derogatoria en la que se enumeren "todas las disposiciones represivas del franquismo relacionadas con los tribunales de guerra, la masonería o el comunismo", y que el Gobierno no quiso avanzar "por cobardía" en la nulidad de las sentencias dictadas durante la dictadura. Este tipo de situaciones ponen de relieve, en su opinión, que España tiene "una democracia débil con poderes que no han asumido valores democráticos y usan su poder para una corrupción", lo que, según apunta, suponen "una corrosión y perversión del sistema democrático".