Fomento deja en manos de las constructoras y la banca el futuro de las infraestructuras

El futuro de las grandes obras públicas en España ya no está en manos de las administraciones sino en las de las grandes constructoras y, sobre todo, en las de la banca. Así se desprende del mensaje lanzado ayer por la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien advirtió que «el sistema de colaboración público privado (denominado PPP) ha venido para quedarse».

Es decir, lo que era un método que se vendió como «extraordinario» y circunstancial ante la crisis y su evidente impacto en las finanzas públicas se convierte ahora en todo un modelo para los próximos años. La estrechez presupuestaria ha hecho que puentes, trenes, hospitales, aeropuertos y su mantenimiento futuro queden al albur de un sistema concesional del que aún se sabe poco y que no termina de cuajar.

El anuncio, realizado en unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Madrid, levantó ampollas en el sector constructor, que siempre ha tenido como cliente y sostén de su negocio a la iniciativa pública. Rodríguez Piñero explicó que el sistema concesional «tendrá cada vez más peso». Y lo justificó porque «el Gobierno cree que es lo más justo, ya que no parece razonable que una infraestructura con una vida tan larga se financie a plazos tan cortos». Pero ese cambio de modelo no está tan claro. Sobre todo porque las propias constructoras no tienen claro cómo funciona. Ni siquiera si va a funcionar.

El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), basado en estas concesiones, prometía movilizar 17.000 millones de euros en dos años, pero por el momento, y aunque ya ha arrancado con un pequeño proyecto, la banca, que en esto también tiene la sartén por el mango, se muestra un tanto reticente.

Financiar proyectos a tan largo plazo (se habla de 20 o 30 años) requiere tener las cosas muy claras, y las entidades financieras están exigiendo tasas de retorno de la inversión astronómicas (de hasta un 12% o 13%) que se antojan complicadas de garantizar. El PPP, que tiene su atractivo en que no computa en el déficit del Estado, se basa en que los actores privados paguen toda la obra y luego la gestionen y mantengan a cambio de un canon que podría variar en función de la disponibilidad. A pesar de esto, Fomento insiste en que las cosas se empiezan a aclarar e insiste en que la financiación está asegurada.

Cada euro cuenta

En un intento por estirar cada euro invertido, el gabinete de José Blanco tiene ya a punto una orden ministerial de eficiencia y que, tras varios meses de preparación, aprobará en las próximas semanas.

Esa norma servirá para fiscalizar al máximo el coste no sólo de los futuros proyectos sino también de los que ya están en marcha, según dijo la secretaria general. Con ella el Ministerio determinará -sin renunciar a la seguridad- el coste por kilómetro de tren o autovía, lo que ayudará a rechazar proyectos demasiado caros.

En esta apuesta por la eficiencia mucho ha tenido que ver el Ministerio de Economía y Hacienda, que ahora tiene la última palabra para dar el sí definitivo a todos los proyectos. Además de ese examen numérico, Fomento analizará la demanda supuesta de las infraestructuras y la conveniencia o no de realizarlas. El objetivo, relató Rodríguez Piñero, es tener todo muy claro antes de empezar, para evitar así modificados y sobrecostes innecesarios. Su cálculo pasa por que si se aplicaran esos criterios a todas las obras actualmente en curso se lograría un ahorro del 22% sobre el presupuesto inicial.

Malestar

El sector constructor, presente en la comparecencia de la secretaria general, no hizo sino expresar al Gobierno su enfado por el recorte de la inversión en obra pública. El presidente de la confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, aseguró que ese tijeretazo supondrá 660.000 parados más hasta 2013, en un negocio que ya ha perdido algo más de un millón de ocupados. Además, añadió, de generar una elevada pérdida en ingresos fiscales vinculados a las obras. De hecho, dijo Lazcano, «el ahorro real sólo será de un 10%», ya que Fomento debe pagar muchas multas por la cancelación de contratos. Sobre el modelo de PPP, el sector aún es cauteloso, aunque «confía en que salga adelante».

En privado, los constructores resaltan que la banca aprieta mucho y exige demasiada rentabilidad. El más crítico fue Javier Sáez de Cosculluela, presidente de AERCO, quien destacó que «el Gobierno no puede mirar para otro lado y renunciar a ser el promotor de la obra pública». «No está justificado ese absentismo», afirmó. Jaime Lamo de Espinosa (Anci) dijo que «lo que le ocurra al negocio será culpa del sector público».