En pie de guerra por un decreto

Un decreto que no convence y que ha puesto en guardia tanto a los funcionarios como al personal laboral de la Junta. El Gobierno regional tiene previsto reordenar la función pública a través de un decreto que aprobó el pasado julio y que entrará en vigor a primeros del año que viene. La intención de la Administración autonómica no es otra que reducir costes, 118 millones de euros en tres años, y recortar empresas públicas, de 254 a 113.

Sin embargo, el punto de fricción del nuevo decreto radica en el futuro que le depara a los funcionarios. Están con la mosca detrás de la oreja porque advierten de que el decreto tiene truco. Supone la creación de seis agencias públicas de régimen administrativo y dos de régimen especial que asumirán bajo la forma de gestión privada postestades que estaban en manos de los funcionarios. La inquietud se ha apoderado de este colectivo, que ya ha iniciado sus protestas.

En la provincia, 5.200 trabajadores de la Junta (2.000 funcionarios y 3.200 del régimen de personal laboral) están afectados por esta medida. El Gobierno regional, a través del presidente Griñán, insiste en que no habrá despidos ni recortes laborales, pero los sindicatos opinan todo lo contrario.

Traspaso de funciones

El portavoz de Servicios Públicos de CC OO en Cádiz, Antonio Romero, señala que el decreto no garantiza la plaza al funcionario ni aclara el destino del personal laboral. En su opinión, el traspaso de los funcionarios de las consejerías o delegaciones a las agencias supone un desarrollo de las mismas funciones, pero bajo un marco laboral distinto. Los sindicatos sostienen que estas agencias se regularán con el tiempo mediante convenios colectivos propios.

Romero insiste en que «no queremos una desvinculación de la Junta como plantea el decreto».

El presidente del CSIF en la provincia, Julián Martín, exige la derogación del decreto y aclara que «es una fórmula para que la Administración paralela que ha hecho el PSOE durante los últimos 20 años tenga cabida en el aparato de la Junta». En opinión de Martín, «no habrá ahorro como dicen porque la maquinaria no se reduce». Martín se pregunta qué pasará con los funcionarios y el personal laboral si el PP entra en el Gobierno de la Junta y decide cambiar la estructura organizativa de la Administración que pretende aplicar el PSOE.

Antonio Sánchez, portavoz sindical del CSIF en la Junta, destaca que con esta nueva estructura las competencias de las consejerías reacaen sobre estas agencias. Se creará la Agencia Andaluza del Agua y Medio Ambiente, la de Servicios Sociales, la Agencia de la Ciencia y el Conocimiento, Agencia de Obras Públicas, de Empleo, Agricultura y Pesca, Instalaciones Culturales y Empresarial. Según Sánchez, las primeras agencias que saldrán adelante serán las de Empleo, Agua y Servicios Sociales, en las que están afectados 300 trabajadores en la provincia.

Sánchez, igual que Romero, teme que la gestión de estas agencias las marquen personas no vinculadas a la función pública y sean ellos los que impongan horarios, jornadas y competencias. El portavoz de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cádiz, José Porras, lamenta que el Gobierno regional haya llevado a cabo esta reorganización sin contar con los sindicatos. Dice que «no se respetan los derechos laborales».

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A (FSC), en Sevilla, ha criticado que la Junta convoque a los sindicatos a una reunión de la mesa general de Función Pública en la que «se ha limitado a alargar la incertidumbre sobre la reforma del empleo público sin ofrecer ninguna información sobre temas como la financiación de las agencias». El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, indicó ayer que los sindicatos pedirán que se «rectifique» el real decreto, con vistas a «mantener los derechos adquiridos de los trabajadores». Exigirán la «voluntariedad» para el paso de las consejerías a las agencias que se vayan a crear para el personal laboral, toda vez que actualmente dicha voluntariedad «sólo se aplica a funcionarios».

La Junta ha propuesto a los sindicatos en la Mesa General de Función Pública una congelación de los salarios para 2011, toda vez que ya está aplicada la reducción salarial aprobada este año, y una oferta de empleo público con 750 plazas, de las cuales 250 son de promoción interna.