El nuevo Ejecutivo coloca el paro como principal problema

Cuando Celestino Corbacho se hizo cargo de la cartera de Trabajo, el 14 de abril de 2008, la cifra de desempleados era de 2.381.500, el 10,44% de la población activa, según la EPA. Valeriano Gómez se pone al frente del departamento en momentos en que la tasa de paro ha escalado al 20,09% y el número de personas sin ocupación asciende a 4.645.500. Entre estas dos fechas, la economía española ha atravesado una etapa de recesión, sufrido los embates de una crisis financiera internacional sin precedentes y se ha tenido que enfrentar a las consecuencias del 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria. El nuevo ministro ha de afrontar la adecuación del mercado laboral español a las nuevas y duras circunstancias.

Mercado de trabajo. Acaba de entrar en vigor una reforma laboral que no convence a los empresarios y tiene el rechazo frontal de los sindicatos. La ley abre más la puerta al despido objetivo con indemnización de 20 días «cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el nivel de empleo». Gómez ha criticado que el despido se haya convertido en el eje central de los cambios.

Pensiones. La reforma de las pensiones está por hacer. El Gobierno permanece a la espera de que la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo le remita un informe sobre sus propuestas y se propone aprobar el proyecto en Consejo de Ministros antes de que termine el año «con el máximo consenso posible». No hay acuerdo para la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, y parece bastante más factible la extensión progresivamente de 15 a 20 años del periodo que sirve para calcular el importe de la jubilación. Los diputados también están evaluando otras fórmulas novedosas como la contribución de la maternidad al cómputo de los años cotizados cuando una mujer trabajadora no alcance al mínimo exigido.

Protección a los parados. A la factura de la cobertura a los desocupados -2.976.000 personas cobran prestaciones, un 78,9% del total de desempleados- se incorporó la ayuda mensual de 426 euros durante un máximo de un semestre. Desde el momento más agudo de la crisis hasta ahora la han cobrado, incluida la nómina de julio, un total de 615.771 personas que no disponen de otros ingresos. La iniciativa se adoptó por impulso del ya ex ministro Corbacho, se ha endurecido desde el pasado agosto y es probable que se suprima en febrero, después de dos prórrogas.

Colocaciones. Cuando la recuperación se afiance, el Gobierno abordará cambios en las prestaciones a los desempleados. Mientras tanto, quiere vincularlas cada vez más a una formación adecuada que facilite su reingreso en el mercado laboral. Por eso se ha reducido de 100 a 30 días el plazo en que un parado puede rechazar una propuesta formativa. Trabajo se ha comprometido a analizar «en profundidad» la relación entre las prestaciones y subsidios y la colocación de los desempleados. Todo se pondrá en cuestión: bonificaciones a la contratación de parados, programas de orientación, formación para el empleo y el funcionamiento de los servicios y agencias de colocación. Gómez se ha declarado partidario de volcar los esfuerzos económicos en las políticas activas para fomentar los puestos de trabajo, más que en las coberturas.

Diálogo social. Corbacho ha dejado el Ministerio de Trabajo en plena confrontación con los sindicatos, que realizaron para el 29 de septiembre una huelga general de protesta contra la reforma laboral y las políticas económicas del Gobierno. El nombramiento de Gómez responde al deseo del Ejecutivo de restaurar cauces de entendimiento con los interlocutores sociales. La primera parte de la legislatura se ha vivido una de las más frustrantes etapas del diálogo social, sin posibilidades de acuerdo con las centrales y con una representación empresarial seriamente tocada por los problemas de las empresas de Gerardo Díaz Ferrán, el presidente saliente de la CEOE.