Connery alega razones de salud y edad para no comparecer en los juzgados de Marbella

Sean Connery está mayor y su salud es delicada. Al menos para desplazarse hasta los juzgados de Marbella con objeto de prestar declaración como imputado en el 'caso Goldfinger'. El intérprete escocés, de 80 años, debía presentarse ayer junto a su esposa ante el magistrado que instruye el procedimiento penal en el que se encuentran encausados, pero ambos faltaron a la cita. Su ausencia dejó compuestos y sin actor a las decenas de medios de comunicación que aguardaban su posible comparecencia, pero no resultó una sorpresa para el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Ricardo Puyol, a quien Connery y sus abogados habían informado de la imposibilidad de que se desplaza hasta Marbella alegando razones de edad y de salud.

El juez recibió esta semana a través del fax sendos documentos en los que se advertía de que el estado físico del octogenario actor no hacía aconsejable que se desplazara hasta Marbella. Uno de esos escritos estaba firmado por el propio Connery, mientras que el segundo estaba suscrito por una despacho de abogados de Los Ángeles, según informaron a SUR fuentes judiciales. Los letrados informaban de que su cliente no reside en la actualidad en el domicilio de Bahamas al que el juzgado se ha dirigido para citarle con el fin de que declare como imputado, aunque no apuntaban la nueva dirección del intérprete.

Eso sí, mostraban la voluntad de su representado de colaborar con la justicia española e, incluso, planteaban al instructor del caso una posible solución para que Connery y su esposa Micheline cumplan, a pesar de la distancia, con su obligación de comparecer ante el juez. La propuesta de los abogados estadounidenses es que la declaración se realice a través de una videoconferencia, una opción que se enmarca entre las distintas posibilidades que deberá estudiar el magistrado para continuar con la tramitación de la causa, en la que se investigan presuntas irregularidades en las operaciones urbanísticas sobre los terrenos en los que se asentaba el chalet a pie de mar que los Connery poseían en Marbella.

El juez del 'caso Goldfinger' librará presumiblemente una comisión rogatoria para tomar declaración a la pareja en su lugar de residencia. Bien a través de videoconferencia, como proponen los representantes legales del actor, o mediante el desplazamiento de una delegación judicial española al extranjero para practicar las diligencias. Puyol podría también dictar una orden de detención tras la incomparecencia de los Connery. De hecho, en la providencia en la que citaba a declarar a ambos en calidad de imputados advertía de que «podrán utilizarse todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ellos». Sin embargo, esta posibilidad se antoja lejana.

El procedimiento penal en el que se encuentra encausado el actor escocés y su esposa se remonta a 2007 e investiga las operaciones urbanísticas sobre el suelo en el que hoy se levanta el complejo residencial Malibú, compuesto por 72 apartamentos de lujo. En dicho enclave se asentaba el chalet de los Connery y el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 1986, entonces vigente, sólo permitía la edificación de cinco viviendas unifamiliares. El Tribunal de Cuentas cifra en 2,7 millones de euros el perjuicio para las arcas municipales.

En este caso se encuentran encausados una veintena de personas. Entre ellos, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. El pasado mayo la causa tomó un nuevo rumbo con la imputación de Connery y su esposa, así como de varios letrados del despacho Díaz-Bastién y Truán, y pasó entonces a denominarse 'caso Goldfinger', en referencia a una de las películas en las que el actor interpretaba al espía británico James Bond. Un mes después, el juez fijó una fianza de 3,3 millones de euros para el matrimonio Connery en concepto de responsabilidad civil.

El instructor sostiene que el despacho de abogados Díaz-Bastién y Truán habrían participado en la creación de un entramado societario para «cometer graves delitos» de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, cohecho y contra la Hacienda Pública, así como un delito de blanqueo de capitales al intentar reintegrar al tráfico mercantil los «pingües beneficios» obtenidos en la venta de los inmuebles de Malibú, cifrados por los investigadores por encima de los 53 millones de euros.

El magistrado Ricardo Puyol citó a declarar al matrimonio después de que la embajada británica en España informara de que el intérprete escocés había mostrado su interés por conocer las actuaciones judiciales que se siguen contra él en los juzgados de Marbella. El instructor presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el tono intimidatorio de la carta enviada por el embajador de Reino Unido, Giles Paxman, ante la posibilidad de que pudiera constituir un atentado a la independencia de un órgano judicial español. El CGPJ no acordó dar amparo al juez sencillamente porque éste no lo solicitó.