Concluye la investigación por la oleada de violaciones ocurrida en los años 90

En la madrugada del 23 de junio de 1995, una adolescente de tan sólo 14 años era salvajemente violada en la zona de Vallealto de El Puerto. Comenzaba esa noche una dramática oleada de agresiones sexuales en la Bahía que no acabaría hasta el año 2000. Dos meses después de ese primer ataque, era arrestado un falso culpable, Rafael Ricardi, quien no recuperaría la libertad ni la dignidad del inocente reconocido hasta 13 años después. Ha pasado más de una década de una espiral de violaciones que aterrorizó, principalmente, a las jóvenes de El Puerto, donde se cometieron la mayoría de los episodios. Y la Justicia ya tiene mimbres para enjuiciar a los dos supuestos autores.

LA VOZ ha tenido acceso al auto de procesamiento del juez Miguel Ángel López Marchena, titular del juzgado nº 3 de El Puerto, que pone fin a la investigación judicial. El magistrado considera que hay material probatorio para acusar a Juan B. G. y a Fernando P. G., los dos individuos que ya fueron detenidos como responsables de la violación por la que fue condenado injustamente Rafael Ricardi. El ADN los delató a ambos y las nuevas técnicas de obtención de perfiles genéticos les sitúan en el resto de agresiones que estaban sin resolver.

Diez casos que han sido recuperados de los archivos judiciales y diez víctimas que pueden ver pronto cómo se hace justicia. Un triunfo de la ciencia, pero también de los forenses que en su día tomaron muestras a sabiendas de que sería difícil extraer información definitiva. López Marchena no se olvida de ellos y les dedica un agradecimiento en su auto.

Una víctima sin culpables

Además de esas diez víctimas, el escrito del instructor, que fue notificado ayer a las partes, cita las diligencias que se abrieron a partir de una violación ocurrida, también en El Puerto, el 15 de septiembre de 1998. La mujer, de apellido extranjero, no está dentro del listado de agredidas supuestamente por los implicados. Su caso ha sido desgajado y «será objeto de resolución independiente». Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que no se pudieron obtener perfiles genéticos ni tampoco fue posible tomarle declaración por estar fuera de España. Sin material probatorio, su denuncia sigue en la carpeta de asuntos por resolver.

A través de las nuevas pruebas biológicas obtenidas y la revisión de las que en su día se rescataron en los escenarios de los ataques, el juez instructor considera indiciariamente probada la participación de Fernando P. G., definido a lo largo de la investigación como el sujeto bajito, en ocho de las diez violaciones investigadas; y acuerda el procesamiento de Juan B. G., identificado durante las pesquisas como el alto y más violento, en seis ataques. Sin embargo, el instructor entiende que sólo existen pruebas de suficiente solidez jurídica para situarlos a ambos en el escenario de cuatro agresiones y no en todas como siempre ha defendido la Policía.

La tesis policial

Uno de los informes policiales aportados a la investigación defendía la autoría conjunta de los dos imputados en todas las agresiones, basándose en el análisis del 'modus operandi' que era casi idéntico en todos los ataques. La Policía detectó hasta 22 coincidencias en las denuncias, y algunas muy relevantes como el hecho de que siete víctimas aseguraron que uno de sus violadores tenía problemas de erección. El juez no duda en dejar por escrito sus sospechas de que siempre actuaron juntos, pero se agarra a las pruebas biológicas y a las identificaciones que pudieron hacer algunas mujeres para tomar su decisión. «El instructor puede estar convencido de lo que sostiene la Policía. Pero el convencimiento, las intuiciones o las presunciones, por sí solas, no permiten ni justifican el procesamiento de una persona».

El mejor de los antecedentes para no incurrir en un nuevo error está en el propio Ricardi. Una de las víctimas lo identificó en una rueda de reconocimiento, también lo señaló en una prueba de voz y las técnicas de ADN que se podían hacer en 1995 no lo descartaban. El resultado fue la condena de un inocente.

Ante ese error, la revisión del caso ha estado marcada por la cautela judicial. Así, la acumulación de las denuncias en un mismo procedimiento ha sido progresiva. Sólo cuando el laboratorio confirmaba el hallazgo del perfil genético de uno de los dos sospechosos en un asunto, el instructor, con el informe favorable de la Fiscalía, decidía sumar esas diligencias a un mismo sumario. Así lo recuerda en la parte inicial de su escrito, donde relata cómo el procedimiento fue ganando en envergadura pese a que no se asumió inicialmente la tesis policial de la autoría conjunta de los dos imputados en la oleada de violaciones.

El enemigo en casa

Existe una prueba más que el instructor incluye en el auto y fue la declaración que prestó la ex pareja de Juan B. G. De su relato su puede sacar la conclusión de que esta mujer fue también víctima de un individuo que se ha revelado como un auténtico depredador sexual. No sólo está procesado por seis violaciones, y sobre él pesará siempre la sospecha de que participó en las otras cuatro que le imputan a su supuesto compinche; en estos momentos cumple condena en Puerto III por haber agredido sexualmente en repetidas ocasiones a la hija de su pareja desde que tenía sólo tres años.

Su ex mujer le relató al juez que durante los años que se sucedieron los ataques, tanto Juan como Fernando salían casi a diario por las noches. López Marchena hace un resumen de lo que fue una declaración que arrojó bastante luz sobre cómo actuaban supuestamente estos dos individuos. «Admite que frecuentaban salidas nocturnas a la zona de El Puerto, portando una mochila en la que introducía ropa de tipo militar, machetes de todos los tamaños que afilaban antes de salir, cinta adhesiva, gorros y guantes». Esta mujer reconoce que siempre sospechó que su pareja no estaba metido en algo bueno, pero que nunca creyó que sería uno de los dos violadores que estaba buscando la Policía.

El auto también acuerda prolongar la medida provisional de prisión sin fianza para los dos imputados (Fernando P. G. está recluido en la prisión de Alhaurín de Málaga). El instructor lo argumenta de esta forma: «Dada la naturaleza de los hechos, la gravedad, crueldad e hiriente significado para las víctimas». Unas mujeres que en algunos casos arrastran secuelas psicológicas de por vida. Éste es el diagnóstico que se hace sobre una de ellas: «Las expectativas de futuro son inciertas. Debido a la extrema gravedad del hecho, puede derivar en secuelas de carácter grave respecto a su conducta afectivo-sexual futura».