La UE arropa a Hungría en el vertido

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, salió ayer al paso de las críticas que ha recibido el Gobierno húngaro por su gestión de la catástrofe ecológica que afecta al oeste del país desde el pasado 4 de octubre. Ese día, la ruptura de una balsa en una planta de aluminio desencadenó una avalancha de un millón de metros cúbicos de lodo tóxico que mató a ocho personas, dejó más de 150 heridos y causó numerosos daños materiales. Durao Barroso mostró su respaldo sin fisuras al Ejecutivo de Viktor Orban en su lucha contra un vertido que ha calificado de «grave catástrofe medioambiental».

Barroso trasmitió su mensaje de apoyo a las autoridades de Hungría en la ciudad sureste de Pecs, donde acudió a un acto oficial con rectores universitarios que estaba programado en su agenda antes del dramático suceso. Antes de pronunciar su discurso, el jefe del Ejecutivo comunitario se reunió con Orban para analizar la situación en la zona del desastre. «Reconocemos el rápido trabajo de los responsables húngaros para afrontar la catástrofe», manifestó tras el encuentro el mandatario europeo al tiempo que aseguraba que Bruselas respaldará todos los esfuerzos de Budapest para frenar las consecuencias del derrame.

Las declaraciones del presidente de la CE contrastan con los reproches que ha recibido durante los últimos días el Gobierno de Hungría por parte de la oposición socialista, algunos medios de comunicación, grupos ecologistas y ciudadanos de la zona afectada. Los sectores más críticos consideran que el Ejecutivo del país magiar no puso en marcha un plan de prevención que obligara a las empresas productoras de sustancias peligrosas a tomar medidas con el fin de evitar catástrofes como la que ahora asuela la zona oeste de la nación.

Registro policial

El Parlamento de Budapest dio el visto bueno a la comisión creada por Orban para hacerse cargo de la fábrica responsable del desastre, que es propiedad de la compañía MAL Zrt desde hace 15 años. La Policía húngara registró ayer las oficinas de la empresa y se ha hecho cargo de la seguridad del recinto. El director general de la filial, Zoltan Bakonyi, fue detenido el lunes para ser interrogado sobre su presunta responsabilidad en la catástrofe. La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que si la planta queda en manos del Gobierno, se podrán garantizar las indemnizaciones a los damnificados y conservar los 1.100 puestos de trabajo.

El secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Zoltán Illés, confirmó ayer que ya han finalizado las obras del nuevo dique, levantado en previsión de que se produzca un segundo vertido tóxico. Unos 4.000 trabajadores y 300 máquinas han trabajado durante varios días a contrarreloj para construir el muro, de 1.500 metros de altura y que podrá almacenar unos 500.000 metros cúbicos de sustancias tóxicas.

Las autoridades, según Zoltán Illés, han tomado esta medida de «precaución» porque están convencidas de que el dique norte de la balsa donde se produjo la primera fuga, se romperá tarde o temprano. Si esto ocurre, el impacto sería menor porque el lodo que queda se ha compactado. Asimismo, los expertos consideran que la nueva plataforma de contención podría desviar ese posible segundo vertido a zonas deshabitadas.