Disidencia etarra

Los últimos soldados, remanentes del considerable despliegue español en Bosnia-Herzegovina, hacen la maleta y dejan este fin de semana el territorio, aunque aún permanecerá allí un puñado de instructores de las nuevas fuerzas militares y de seguridad del país. Hoy como en junio, cuando se produjo ceremonialmente el fin de la misión, todo se hace con la sobriedad habitual entre los uniformados y, para decirlo todo, con una cierta indiferencia de la opinión. La presencia española allí ha sido una contribución positiva, un logro diplomático y de procura de seguridad sobre el terreno y una prueba severa para gobiernos de signo político muy distinto en Madrid. Y, más allá de todo eso y del sacrificio de lo expedicionarios, que han dejado 23 bajas en la misión, ha sido una excelente prestación española en la gran operación de parar la matanza en los Balcanes en el escenario creado tras los Acuerdos de Dayton en 1995. España no podía sustraerse a cumplir con sus compromisos con la paz en Europa y, en primera instancia, como socio de la OTAN. Desde la fuerte presencia norteamericana para imponer el arreglo de Dayton la crisis fue pasando a la Alianza Atlántica y, oficialmente, a la Unión Europea en 2005. El papel español se fue acomodando a esta evolución y siempre, siempre, gozó de la aprobación de los responsables locales en las zonas atribuidas en Bosnia-Herzegovia y, lo que más importa, del respeto y consideración de las poblaciones.Quien visite Mostar en adelante podrá pasear por la bonita 'Plaza de España', así rotulada por el ayuntamiento local en recuerdo de la misión española allí, unánimemente reconocida como neutral, solidaria y materialmente muy útil. Que el proceso de reconciliación inter-comunitaria avance más rápidamente y que cicatricen las heridas de la guerra en que terminó la implosión de Yugoslavia es tarea de los habitantes del territorio. Las fuerzas españolas han hecho su parte del trabajo a plena dedicación y se van con la satisfacción del deber cumplido de una Bosnia-Herzegovina regida, a fin de cuentas, por el imperio de la ley y en la que acaban de celebrarse elecciones libres.

La expulsión por parte de ETA de otros tres miembros de la banda encarcelados, entre ellos un condenado por el atentado de Hipercor, demuestra que el núcleo etarra necesita depurar sus filas incluso en un período en el que, al parecer, habría decidido suspender sus «acciones armadas ofensivas». Aunque parece evidente que antes de su expulsión formal son esos activistas quienes optan por liberarse de la disciplina de la banda. Los 700 presos encausados o condenados por actividades relacionadas con ETA podrían dividirse en estos momentos en tres grupos: aquellos que son partícipes de las decisiones de su cúpula o siguen sus directrices sin rechistar, aquellos que se inclinan por apoyar los gestos de la izquierda 'abertzale' hacia un impreciso abandono de la actividad terrorista, y por último quienes no están dispuestos a esperar los resultados de tan incierto proceso y prefieren atestiguar su renuncia a la violencia, aunque sobre personajes como Urrusolo Sistiaga y Caride Simón pesen largos años de condena. La política penitenciaria tiene el mandato constitucional de favorecer la autonomía de cada recluso para que su reinserción no sea impedida por la coacción de un poder fáctico como el etarra. Es ésta una obligación que el Gobierno ha de asumir teniendo en cuenta que el mínimo resultado ya será positivo.