Venezuela mantendrá a Cubillas en su cargo hasta que compruebe si sigue vinculado a ETA

El Gobierno de Venezuela no tiene intención de cesar a Arturo Cubillas, que ocupa un alto cargo en su ministerio de Agricultura, hasta que concluya la investigación con la que trata de determinar si este etarra que reside en el país suramericano desde hace más de 20 años continúa vinculado a la banda terrorista y ayuda a sus comandos, tal y como sospecha la Audiencia Nacional, que le tiene imputado en varios sumarios.

El gabinete presidido por Hugo Chávez se comprometió esta semana a iniciar la investigación tras recibir una petición formal del Gobierno español y después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno revelara que los etarras Javier Atristrain y Juan Carlos Besance, encarcelados este mes por tratar de recomponer el 'comando Donosti', confesaron haber recibido en 2008 entrenamiento en manejo de armas en Venezuela gracias a las gestiones realizadas por Cubillas, que desde hace cinco años es el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tras conocer el contenido del auto judicial, reclamó a las autoridades venezolanas que emprendiesen de inmediato acciones «concretas y específicas» contra el sospechoso.

El Ejecutivo venezolano descarta acciones preventivas contra Cubillas y sólo cesará al alto cargo de Agricultura si de las indagaciones en marcha, dirigidas por el ministerio de Justicia, se concluye que el antiguo etarra mantiene en la actualidad su vinculación con la dirección de ETA. «Hay que esperar a que terminen las investigaciones, todavía no le puede apartar del trabajo», indicaron fuentes gubernamentales del país caribeño, que añadieron que el sospechoso ha mostrado su total colaboración a ser interrogado por estos hechos. Cubillas es también el principal imputado en el sumario que instruye la Audiencia Nacional por la presunta colaboración entre ETA y las FARC de Colombia que, entre otros asuntos, le implica en los entrenamientos conjuntos y colaboración en el diseño de explosivos realizados durante esta década en suelo venezolano.

El tribunal español tiene dictado una orden internacional de busca y captura contra el imputado, para su extradición a España que, por el momento, no ha sido ejecutada por la policía venezolana. El propio presidente de la Audiencia Nacional, Ángel de Juanes, reconoció ayer que será muy difícil lograr en cualquier caso la detención y extradición a España de Cubillas porque desde hace años cuenta con nacionalidad venezolana y este país no suele entregar a la justicia de terceros a sus ciudadanos.

El PP interpela al ministro

El Gobierno español, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó ayer «prudencia» al PP, que desde hace días reclama a José Luis Rodríguez Zapatero «contundencia» con el Ejecutivo de Chávez para que colabore con la Audiencia Nacional. De la Vega solicitó a la oposición que «dejen trabajar con tranquilidad a los jueces y a las policías» de ambos países, porque «no se puede estar permanentemente cuestionando las políticas de cooperación y mucho menos utilizarlas como un arma arrojadiza». Según la vicepresidenta, la cooperación judicial y antiterrorista entre España y Venezuela tiene «amplios resortes» y ya «está dando resultados».

Los populares no pueden estar más en desacuerdo con De la Vega y, de hecho, el miércoles próximo interpelarán a Moratinos en el pleno del Congreso por la falta de un «apoyo convencido» a las peticiones de la Audiencia Nacional para detener a los etarras de Venezuela. El PP denunciará que el Gobierno no ha actuado «con la firmeza y determinación necesarias» ante la sospecha judicial de que «los terroristas de ETA son amparados por países como Venezuela».