El Supremo rechaza la sanción que Camps reclamó contra Garzón

El Tribunal Supremo confirmó ayer la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no abrir un expediente informativo al juez Baltasar Garzón por su actuación en las escuchas del 'caso Gürtel', la trama de corrupción que afecta a altos cargos del Partido Popular. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, presentó hace un año una queja al consejo para que investigara al magistrado por una presunta negligencia durante la instrucción del proceso. En concreto, por la exclusión de la pieza de las escuchas carcelarias de declaraciones de los cabecillas de la trama que podrían exculpar a Camps en el caso de los trajes, por el que está imputado por cohecho pasivo.

El alto tribunal considera que el archivo de la queja fue correcto, ya que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en cuestiones jurisdiccionales que son exclusivas de jueces. En su momento, la Comisión Disciplinaria del consejo justificó que su función investigadora «debe limitarse» a constatar que los miembros de la carrera judicial cumplen con sus obligaciones profesionales y, por lo tanto, señaló que Camps se extralimitaba con su queja.

La reclamación se refería a que en la documentación enviada por Garzón al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en relación al caso de los trajes, no se incluía la transcripción de una de las conversaciones intervenidas que contenían «párrafos claramente exculpatorios» para el presidente de la Generalitat. La queja, a su vez, denunciaba la decisión de Garzón de abrir una pieza separada sobre las filtraciones que hubo del caso, pese a que para Camps el magistrado de la Audiencia Nacional -en la actualidad suspendido de sus funciones- era «sospechoso» de revelar secretos sumariales.

El alto tribunal, no obstante, subraya que la falta de entidad disciplinaria de estos hechos «no prejuzga» su calificación en el ámbito penal, donde Garzón tiene abierta una causa que investiga la legalidad de las intervenciones telefónicas realizadas en prisión a abogados e imputados de la trama 'Gürtel'.

La decisión del Supremo tuvo repercusiones inmediatas en Valencia. La Generalitat reaccionó con el anunció de que sus servicios jurídicos estudiarán la posibilidad de sumarse a la citada querella que instruye el Supremo contra Garzón, al que acusan de los presuntos delitos de prevaricación y contra la garantía institucional de la intimidad. Por su parte, el portavoz socialista en Las Cortes, Ángel Luna, señaló que la decisión del Supremo supone el «enésimo varapalo contra la estrategia procesal de Camps».