España exige a Venezuela que tome medidas contra los miembros de ETA

El Gobierno ha exigido a las autoridades venezolanas que tomen medidas con Arturo Cubillas, el responsable de ETA en ese país y, según el Ministerio del Interior, el encargado de los cursos de adiestramiento a terroristas. Miguel Ángel Moratinos transmitió ayer al embajador de Venezuela, Isaías Rodríguez, que España quiere una colaboración «más intensa» en la persecución de miembros de ETA instalados en su territorio. Unas medidas que para el PP son insuficientes ya que, por lo menos, el Ministerio de Exteriores debería haber llamado a consultas al embajador español en Caracas.

Ayer, el presidente del Gobierno aseguraba que España «no permitirá que ningún etarra esté tranquilo en Venezuela, como tampoco lo hará en ningún otro país del mundo». Con respecto a la posibilidad de que miembros de la banda estén recibiendo adiestramiento en el país latinoamericano, Zapatero se mostró convencido de que «las confesiones de los dos terroristas detenidos ofrecen suficientes indicios como para ser investigadas». Además, aseguró que si han tenido algún tipo de cobertura en el país latinoamericano dejarán de tenerla, pero «trabajaremos siempre desde el ámbito de la cooperación».

Las fuerzas de seguridad calculan en torno a las 60 personas la colonia etarra en ese país, si bien buena parte de ella está desconectada de la organización terrorista. Existe, sin embargo, un grupo que se mantiene activo y que se ha convertido, según la Guardia Civil, en la nueva retaguardia logística de ETA ante las dificultades que encuentran los terroristas en Francia, su tradicional área de repliegue, para impartir cursillos de adiestramiento y para huir del acoso policial.

Hasta ahora, todas las peticiones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y de los tribunales españoles para que las autoridades venezolanas actúen contra los miembros de ETA han caído en saco roto. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó en marzo la busca y captura de siete integrantes de la organización terrorista con presencia acreditada en suelo venezolano y no obtuvo respuesta. El Gobierno, a su vez, ha reclamado la extradición de algunos de ellos y ha visto rechazadas sus peticiones con variados argumentos, desde que los delitos habían prescrito hasta que los reclamados eran ciudadanos venezolanos y, por tanto, no podían ser extraditados.

Extradición

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que su departamento trabaja en «una interpretación que permita» llevar a cabo las extradiciones aunque el requerido sea venezolano por matrimonio, como es el caso de Cubillas. De momento, agregó, se ha entregado a las autoridades de Caracas el auto judicial en el que Atristain y Besance confiesan haberse entrenado en su país y «esperamos resultados pronto».

El PP considera insuficientes las gestiones del Gobierno porque la experiencia enseña que el presidente Hugo Chávez ignora las peticiones de España para que coopere más en la lucha contra ETA. Por esta razón, la secretaria general del partido opositor, Dolores de Cospedal, consideró que es «asombroso» el esfuerzo del Gobierno y, en particular, del ministro del Interior de exculpar a Chávez de las actividades de los etarras en Venezuela.

El partido opositor insistió en que el embajador español en Venezuela debería haber sido llamado a consultas. «Es de libro», afirmó la dirigente popular Ana Pastor. El PP también sostiene que el Gobierno debería haber actuado con más dureza con el representante diplomático bolivariano en Madrid por haber insinuados que los etarras confesaron bajo tortura, aunque después matizase sus palabras.