El concejal de Urbanismo de Murcia pone su cargo a disposición del PP

El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, puso ayer su cargo a disposición del PP, por su imputación en las diligencias judiciales abiertas en torno a un presunto caso de corrupción urbanística en el norte de la ciudad, cuyo juez instructor tomó declaración a los tres detenidos en la causa.

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, interrogó al ingeniero Renato de Noce, supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, al abogado Higinio Pérez Mateos y el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra. Esta operación, iniciada hace un año y medio a instancias de la Fiscalía, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.

En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo el martes registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda del promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, además de en la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia.

En el caso está imputado el citado concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, por un presunto delito de prevaricación, así como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local, María Isabel Fernández, y el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, entre otros.

Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos, a partir de 2001 y hasta 2005, que modificaban la calificación del suelo de esta zona.