El abogado de 'Sandokan' destapa la caja de los truenos

El gran interrogante de la investigación del 'caso Malaya' eran unas simples iniciales. El acrónimo JAG vinculado a un presunto pago de 200.000 euros que aparecieron entre unos documentos intervenidos en un trastero de Roca ha sido unno de los pocos que no se ha relacionado con ninguna persona con nombre y apellido durante la investigación que, incluso, fue archivada por el juez Torres. Pero ayer un abogado, Antonio Urdiales, defensor del constructor Rafael Fómez 'Sandokan', durante su intervención en el juicio y, sin que en principio viniera a cuento, destapó la caja de los truenos al afirmar que tras esas iniciales y el presunto cobro estab Juan Antonio González, el comisario general de la Policía judicial. El revuelo en la sala de prensa fue general, mientras en el interior de la sala de vistas el ltrado continuó con su intervención bajo la atenta mirada del presidente del Tribunal, José Godino, que pese a la gravedad de las acusaciones no le interrumpió. El abogado, a la salid del juicio, no solo no se retractó de lo dicho sino que siguió aportando datos.

Urdiales comenzó hablando de vulneración de derechos fundamentales, de grandes despliegues policiales para arrestar a «personas inocuas»; de la reciente operación contra la corrupción en el Murcia para asegurar que todo esto responde a «una voluntad de un gobierno, que ha perdido el norte, cuenta con el desprestigio internacional», pero que la corrupción da mucho juego, no le importan los derechos fundamentales, sino las detenciones». El togado, al referirse a la intención de la Justicia de dejar la instrucción en manos de los fiscales no se cortó un pelo y espetó: «Si el fiscal llevara la instrucción todos estaríamos queí detenidos».

«¿Qué persigue la Udyco entrando en un colegio mayor para detener a una alumna (la hija de Juan Antonio Roca)? Se detuvo así al juez Francisco Javier de Urquía?», preguntó Urdiales.

Y entonces, sin apenas levantar la mirada de sus notas lanzó la bomba: «Lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan (en referencia al banquillo de los acusados de 'Malaya') y a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales JAG aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías».

Entonces el letrado dio un paso más: «Con los mimbres que pone el fiscal en su informe al juzgado no se trata de otro que del comisario de policía Juan Antonio González, presuntamente. Si se tratara de otro ya estaría detenido», apostilló.

El letrado del constructor cordobés se quejó de no haber encontrado en el sumario «que investigaciones se han seguido» y pidió que los agentes de la Udyco que se encargaron de la investigación declaren como testigos y expliquen «cómo acabaron (en referencia a que los terminaron en una comisaría del distrito de El Palo)».

Lo que Urdiales resumió ayer aconteció en enero de 2007, cuando el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella recibió un informe de la Udyco Costa del Sol, Sección de Delincuencia Económica, sobre unos documentos intervenidos en el registro de un trastero propiedad de ROca en los que figuraban las iniciales de una persona JAG que habría recibido sobornos del ex asesor urbanístico. En concreto un pago por importe de 200.000 euros. El juez en un auto de fecha del 15 enero ordenó investigar quién era la persona que el fiscal Anticorrupción, de que se trataba de una persona vinculada con la policía, «porque conoce la estructura policial y está al mando de las decisiones que se toman en el Cuerpo Nacional de Policía», señalaba textualmente el juez en un auto, que podría haber sido pagada por Roca «por facilitarle valiosa información sobre este procedimiento». La investigación sobre quien había detrás de las siglas JAG fue encargada a la Brigada de Régimen Interior de la Policía.