Los abogados llaman «jefe de la policía judicial» al juez Torres

Las críticas al juez Miguel Angel Torres, el instructor de la causa judicial contra la corrupción en Marbella, han sido hoy nuevamente las protagonistas en la quinta sesión de las cuestiones previas al juicio por el 'caso Malaya'. Críticas durísimas, bordeando la descalificación, que no han llegado a ser reprendidas como en días anteriores por el presidente del Tribunal, José Godino.

Miguel Bajo Fernández, el defensor del ex edil Tomás Reñones, ha sido uno de los más severos con el juez instructor, al que se ha referido como "el jefe de la policía judicial", y ha criticado por no haber actuado, en su opinión, controlando al aparato del estado cuando un individuo se siente perseguido. Para ello, ha recordado cómo se produjo la detención del acusado Florencio San Agapito (al que asistía jurídicamente entonces), que tras varios intentos de ponerse voluntariamente a disposición del juez fue detenido en la puerta del juzgado. El letrado reveló al tribunal el intercambio de palabras que tuvo con el juez Torres .

"Yo, que llevaba una hora esperando en la secretería sin noticias sobre si tomaba declaración a San Agapito, pedí a los funcionarios explicaciones. Entonces salió del despacho el juez Torres, con un gesto de abriendo el pecho, en mangas de camisa, diciéndome: ¿Qué quiere usted? Que sepa usted que (a San Agapito) lo han detenido y se lo han llevado a los calabozos", ha contado Bajo Fernández. El letrado continuando con su relato ha añadido: "Yo me quedé espantado y le dije que él, yo y todos estábamos bajo el imperio de la ley, que él era un juez, no un policía, y el me contestó orgulloso, que sí, que era el jefe de la policía judicial". A renglón seguido, el letrado, que es catedrádicto de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, se ha dirigido a la Sala y se ha preguntado en tono de reflexión: "¿Es que en la Universidad estamos formando jefes de policía o juristas sensibles a la defensa del frente al Estado?".

"La corrupción administrativa no la evita el juez"

El defensor de Reñones ha relatado también como fue recibido a su llegada a la Comisaria. "Le rodearon varios coches con los cristales tintados de los que bajaron policías con armas largas, que le apuntaron en posición de disparo. Esto lo ordenó el jefe de la policía judicial", espetó el togado. "Luego -ha agregado- cuando Tomás Reñones se cruzó en los calabozos con Carmen Revilla (ex concejala del GIL) ésta le dijo que se iba a su casa porque le había dicho al juez si a todo", en referencia a las condiciones en la que se produjo las declaraciones. En referencia nuevamente al juez Torres, el catedrático ha dicho: "La corrupción administrativa no la evita ni el juez Torres, el jefe de la policía, ni la Udyco, sino los partidos politicos; no un juez que se irroga el papel de enviado divino, que está fuera de los márgenes y dictados de la ley y de las limitaciones que ésta que ofrece a los poderes públicos".

Para Nicolás Fernández de Cuellar, el abogado del dueño y del directivo del grupo promotor Aifos, Jesús Ruiz Casado y Francisco Javier García Lebrón, respectivamente, "los empresarios fueron tomados como rehenes y sujetos de la extorsión de los políticos de Marbella" y el proceso judicial siguió un "modelo inquisitorial", ha asegurado. El letrado ha añadido que la "buena fe no implica ni acierto jurídico ni contención", a pesar del "noble propósito del juez Torres de combatir la corrupción en Marbella".

El letrado, que ha llegado a mostrar un documento estadístico sobre los ingresos en prisión de los imputados, con el que ha querido poner en evidencia la supuesta utilización de la cárcel para arrancar declaraciones, ha dicho que fiscal y juez coincidieron en un 100% de los casos en de solicitud de prisión incondicional, y en un 84% en la prisión con eludible bajo fianza. Además ha añadido que cuando los imputados reconocían los hechos, magistrado y ministerio público, coincidían otra vez al 100% para conceder la libertad, y que los acusados que seguían negándolos permanecían más tiempo en la cárcel.

"La política del avestruz" de la Junta

Nicolás Fernández de Cuéllar se ha referido también al cambio de declaración de Francisco García Lebrón, que tras negar los hechos que se le imputaban y conocer que el juez había ordenado su prisión, sufrió un ataque de ansiedad y en esas condiciones volvió a prestar declaración y "se autoincriminó, diciendo lo que pensaba que el juez quería oir, tras lo cual se le impuso una fianza de 30.000 euros". El penalista criticó también abiertamente a la Junta de Andalucía, a la que acusó de practicar en Marbella "la política del avestruz" por su indefinición en las polémicas urbanísticas que se sucedían en la localidad por la aplicación de diferentes planes urbanísticos.

"De qué psiquiátrico se habrá escapado el que ha organizado esta forma de utilización masiva de funcionarios para detener a personas inocuas", se ha preguntado el abogado del empresario cordobés Rafael Gómez 'Sandokán' al referirse al despliegue policial durante las detenciones de los imputados en la 'óperación Malaya'. Antonio Urdiales ha ironizado al respecto al asegurar que en el inicio de la 'operación Malaya' "en Marbella había más policías y miembros de la inteligencia que turistas". El letrado se ha referido el daño ocasionado a su cliente, en su prestigio y honor, por la forma en que fueron practicados los arrestos.

Antonio Padilla Torres, defensor de los empresarios Miguel López Benjumea, José María Gonzalez de Caldas y Sabino Falconieri, acusados de cohecho y blanqueo, ha criticado el despliegue policial "exagerado e innecesario" durante las detenciones, con "presencia de medios de comunicación". Para el letrado en este proceso se ha utilizado la "“amenaza de la cárcel" para arrancar declaraciones a los procesado y para ello se apoyó en unas declaraciones en tal sentido del catedrático de Derecho Penal, José Luis Diez Ripolles. El defensor ha dicho también sobre este proceso judicial que "llegó un momento en que parecía que la instrucción había entrado en una especie de escándalo nacional de tales proporciones que hacían imposible nulidades o absoluciones futuras".