De avanzadilla en el final del comunismo a casi la bancarrota

Hungría fue en los últimos años del comunismo, a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, uno de los países más avanzados del bloque soviético desde el punto de vista económico. El régimen de Budapest supo compaginar con habilidad la rígida doctrina socialista impuesta por la URSS con mecanismos de mercado. Los tiempos han cambiado y el país magiar es hoy, junto con Rumanía y Letonia, uno de los que más sufre la crisis económica internacional.

Hungría, que empezó su transición económica en 1987, dos años antes de que cayera el comunismo en Europa central y oriental, estuvo al borde de la quiebra financiera en 2008 y tuvo que ser rescatado con unos 19.000 millones de euros por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE). Se enfrenta a una deuda pública del 78% del PIB y a un desempleo del 10,6%, y los dos últimos gobiernos han intentado rebajar el déficit público por debajo del 3% mediante la aplicación de un plan de austeridad presupuestaria que ha provocado descontento entre los asalariados y los jubilados.

Cifras falseadas

Según Eurostat (la oficina de estadísticas de la UE), el poder adquisitivo del ciudadano húngaro es del 60,4% de la media de la Europa comunitaria y la pobreza afecta a amplias capas de la población. El pasado junio, varios responsables del nuevo Gobierno de centroderecha que lidera Viktor Orban acusaron al Ejecutivo socialista saliente del multimillonario Ferenç Gyurcsány de haber falseado las cifras del déficit público. Cundió el pánico en los mercados y algunos expertos aseguraron que Hungría podría convertirse en un segundo Grecia que precise del rescate de los Veintisiete.

De momento, Bruselas lo descarta, pero el Gobierno de Budapest sigue sin poder solucionar los graves problemas económicos que heredó tras años de despilfarro, mala gestión y corrupción. Sin embargo, los analistas más pesimistas auguran que la quiebra del Estado húngaro «está próxima». El primer ministro sostiene que la superación de la crisis «no puede ser mediante un ajuste o a través de chapuzas en la economía», porque las medidas deben ir dirigidas a «mejorar la situación financiera con profundos cambios estructurales». Una parte de la población rechaza estas reformas porque teme que su aplicación rebaje su nivel de vida. El Gobierno no sólo tiene que hacer frente a la catástrofe ecológica sino también a la económica.