Imputan a un edil y el presidente del Real Murcia por corrupción

El juez de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, ordenó ayer detener al director de servicios de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad y número dos de ese departamento, Alberto Guerra Tschuschke; al abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia Higinio Pérez Mateos, y al ingeniero y empresario italiano Renato de Noce, presunto intermediario en operaciones urbanísticas.

Desde un primer momento, los datos apuntaron a que la investigación judicial -iniciada a raíz de una denuncia del PSOE ante la Fiscalía, a la que siguió otra posterior del fiscal, ya dirigida al juzgado- se centraba en media docena de convenios urbanísticos, que el Ayuntamiento suscribió con grupos empresariales entre 2001 y 2005 y que permitían edificar unas 26.000 viviendas en la zona norte de Murcia.

Unas actuaciones urbanísticas en las que, a juicio de los investigadores, el Consistorio habría dado trato de favor a los promotores, no solo multiplicando por cinco el grado de edificabilidad -pasó de 0,09 m/m2 a 0,5-, sino tasando además muy a la baja el precio del metro cuadrado edificable y renunciando de esa forma a ingresar, en concepto de contraprestación, decenas de millones de euros (hasta 783 millones según el Grupo Municipal Socialista).

La Guardia Civil registró también la vivienda particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y sede a su vez de Sport Management & Proyect S.L., sociedad a través de la cual consiguió una recalificación urbanística para levantar casi 4.000 viviendas junto a la Nueva Condomina.

El controvertido Samper pasaba de esta forma a confirmarse como otro de los sospechosos en esta operación anticorrupción, al igual que lo irían haciendo a lo largo de la mañana el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver y su esposa Sandra de la Puente; el constructor Francisco Arqués López; la jefa de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, María Isabel Fernández...

Registros

El propio Fernando Berberena reconoció que los agentes de la UCO le habían sondeado sobre su disposición a prestar declaración y explicó que, al responderles de manera afirmativa, se le había informado de que será llamado al juzgado. Nada que fuera a coger por sorpresa al edil de Urbanismo, cuyo despacho oficial ya fue registrado ayer de forma concienzuda y que sufrió la apertura de una caja de seguridad que tiene contratada en un bando. Los UCO hallaron 18.000 euros en metálico, según sostiene, ganados antes de su paso a la política.

Fuentes de la investigación explican que el objetivo de estas diligencias es determinar si altos funcionarios municipales, vinculados a la Gerencia de Urbanismo, tejieron una compleja trama utilizando a familiares y personas de su confianza, que les habría servido para ocultar los pagos que empresas promotoras les habrían hecho a cambio de un trato favorable. De ahí que, tal como ayer confirmó el Tribunal Superior de Justicia, las actuaciones judiciales investiguen los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (por el citado perjuicio a las arcas municipales), cohecho (por los pagos o gratificaciones a personal público), negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales, entre otros.