La Junta blinda con una ley los incentivos y ayudas a los autónomos

La prometida ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo ha iniciado su trámite. El Consejo de Gobierno conoció ayer un primer borrador de una norma que no aprobará hasta mediados de 2011 y que, en líneas generales, pretende blindar las actuales ayudas e incentivos que reciben los profesionales autónomos de la Junta de Andalucía. Este año alrededor de 45 millones de euros. Es la primera ley regional que concierne a los autónomos, que en Andalucía son al día de ayer 471.288. Es la segunda comunidad con más trabajadores por cuenta propia, detrás de Cataluña.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, avanzó ayer algo del contenido del anteproyecto de esta ley, que calificó de «ambicioso» y que se está gestando con el objetivo de «fortalecer a este sector laboral» y también fomentar con medidas nuevas el autoempleo. En el punto de mira están los jóvenes y los parados de larga duración de más de 45 años, los dos sectores más débiles ante la crisis y para los que el autoempleo puede abrir una puerta de esperanza.

Para Recio, hay una razón de peso para fomentar el autoempleo, y es el que el de los autónomos está siendo uno de los sectores que mejor soportan la crisis. Una apreciación que no coincide del todo con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-A), que sólo salva del zarpazo de la crisis a un 24% de sus afiliados. En cualquier caso, para Recio, la ley deberá ser un instrumento «para que cualquier andaluz capacitado y con ilusión tenga medios».

La futura norma establece el compromiso de elaborar cada cuatro años un plan estratégico, consensuado con los agentes socioeconómicos y que incorporará un sistema para evaluar la calidad de los servicios de la administración. Respecto a las ayudas, el anteproyecto recoge incentivos directos, bonificaciones y exenciones fiscales, disposiciones para facilitar la vida familiar y numerosas medidas de asesoramiento, asistencia técnica, promoción del trabajo en red, formación y reciclaje profesional.

Contra el fraude

Las líneas de respaldo financiero seguirán el modelo actual de incentivos, vigente desde mayo, y que fija ayudas de entre 4.000 a 11.000 euros, con especial preferencia a proyectos en áreas territoriales desfavorecidas, vinculados a la economía sostenible o promovidos por colectivos con necesidades especiales, como jóvenes y parados mayores, discapacitados, inmigrantes y víctimas de la violencia de género. En cualquier caso, la ley no contiene memoria económica, según admitió el consejero. Tampoco ninguna medida para contrarrestar la economía sumergida o fraude en el sector. Al respecto, Recio avanzó que hay un proyecto en marcha de colaboración entre varias consejerías para perseguir este fraude.