El concejal de Urbanismo de Murcia, imputado por un caso de presunta corrupción

Tres personas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, han sido detenidas en el marco de una investigación iniciada hace un año y medio, a instancias de la fiscalía, sobre la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones, el complejo Nueva Condomina. La operación, que dirige el juzgado de instrucción número 8 de Murcia, ha supuesto también la detención del abogado Higinio Pérez Mateos y del ingeniero Renato de Noce, este último como supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado de que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros y que los tres detenidos pasarán mañana a disposición judicial. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practican desde las ocho de la mañana registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda del empresario y promotor de Nueva Condomina, Jesús Samper, presidente también del club de fútbol Real Murcia.

Una decena de miembros de la UCO, que lleva a cabo la operación con el apoyo de guardias civiles de Murcia, llegaban a la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia pasadas las ocho de la mañana y dos horas después, con la llegada de su director, Alberto Guerra, iniciaban el registro en su despacho en presencia de funcionarios judiciales. La Guardia Civil, que continúa por la tarde con los registros en esa sede municipal, ha intervenido en el despacho de su director tres cajas con documentación que formará parte de las diligencias que pondrán los investigadores a disposición del juez instructor, que ha decretado secreto el sumario. A primera hora de la tarde, agentes de la Benemérita también han comenzado a inspeccionar el despacho del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, quien ha sido imputado en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, en la sede de Gerencia de Urbanismo.

También ha sido imputado el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo entre los años 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, así como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández. Esta última es esposa del Alberto Guerra, detenido en el marco de la investigación.

Fuentes judiciales han informado de que la investigación se centra en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se ubican, entre otras urbanizaciones y centros comerciales, el complejo residencial Nueva Condomina y el estadio del mismo nombre, en el que juega el Real Murcia.

Plan aprobado en 2003

El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, que llegó a la sede de su departamento minutos antes de las doce de la mañana, ha asegurado que desconoce estar imputado en esta causa. Berberena ha indicado que no sabe lo que se está investigando, aunque ha apuntado que en el caso de que fuera del ámbito norte, "se trata de un suelo urbanizable y ya el Plan General lo estableció así y el tribunal, en dos sentencias, fijó en su día la legalidad de la actuación de la administración".

El Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, en un comunicado difundido en torno a las dos de la tarde, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, dictaminaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte. Por su parte, el gerente del Real Murcia C.F., Víctor Alonso, ha comentado que "hay que dejar que la investigación siga su curso", que el club grana no hará declaraciones sobre el caso y que "en su momento se verá si corresponde o no hacer una valoración".

El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía en esta operación policial se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada desde entonces por la oposición (PSOE e IU). Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.