Seis detenidos en la 'operación Semilla' admiten su culpa por penas mínimas

Gota a gota, la polémica 'operación Semilla' contra el narcotráfico, que en el año 2000 se anunció como una de las actuaciones más importantes de la provincia contra la droga en la provincia, va concluyendo su agónico camino judicial, atomizada en un sinfín de asuntos distintos. Ayer estaba previsto el enésimo juicio por esta macrooperación, instruido por el juez de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. Pero como en otros tantos casos anteriores, ni siquiera se celebró el juicio, porque la Fiscalía llegó en días previos a un acuerdo de conformidad con los abogados de los acusados, para alcanzar una condena mínima para estos a cambio de que acepten los hechos y concluya así el proceso de recursos, con una sentencia firme: cuatro de los procesados han aceptado una pena de un año y medio de cárcel, que no llegará siquiera a cumplir ya que se computará por el tiempo pasado en prisión preventiva cuando fueron detenidos-. Un quinto acusado se conformó con una pequeña pena de un año de cárcel. Mientras que el principal procesado será sentenciado a dos años en prisión. Los seis procesados eran vecinos de Sanlúcar a los que se les encontró en sus domicilios poco más de cinco kilos de hachís y varias decenas de gramos de cocaína: cantidades exiguas, para un asunto que se ha prolongado casi una década en el tiempo.

De hecho, el Ministerio Fiscal ha reducido las penas a su mínima expresión, al aceptar el atenuante de dilaciones indebidas, pues el juicio ha tardado más de nueve años en celebrarse desde que se detuvo a los acusados, a pesar de que en 2004 ya existía un auto de procesamiento y el fiscal había presentado su escrito de acusación.

Los seis procesados fueron investigados en el marco de la operación Semilla, que comenzó con las pesquisas en torno a un chalé de Valdelagrana que servía supuestamente de punto de abastecimiento de cocaína y hachís de diversos camellos que fueron detenidos tanto en El Puerto como en Sanlúcar. El juez López Marchena, que dirigía la investigación, consideró a todos ellos miembros de una misma organización, pero tal teoría chocó con la Fiscalía, que solicitó que el caso fuese dividido en un centenar de procedimientos judiciales, de los cuales, la mayoría han acabado con sentencias absolutorias.