La autoridad del profesor

El B.O.E. n.º 238 de 1 de octubre ha publicado la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, aprobada por la Comunidad Autónoma de Madrid, feudo de Esperanza Aguirre Gil de Biedma. El que me conoce sabe lo mucho que me gusta un buen aforismo latino, es decir, un refrán en latín, no vayan a pensar que hablo de salsa. Ya saben, un canónico 'nihil obstat' o un justificativo 'non olet'. Mi afición por la lengua madre, que algunos intelectuales del pleistoceno han llamado «muerta» -porque pensaban que se hablaba junto al Mar Muerto-, proviene de mis genes y de Don Francisco Vera Bustamante.

Paco Vera, como se hacía llamar, fue mi profesor de la asignatura de Latín en los ya extintos B.U.P. y C.O.U. Catedrático antes de cumplir los treinta, era y es un hombre amable y carismático que amaba lo que enseñaba. Con esa premisa ya era digno heredero de los clásicos. Recuerdo con un calambre en las entrañas cuando, tras ver mi nota de Latín en el tablón de selectividad, me abrazó mientras gritaba con alborozo «¡¡¡Hijo de puta!!!». No en vano había sacado yo la máxima nota de la provincia en la traducción de Virgilio. Decía, pues, que Paco Vera era un excelso docente que inculcó a mucha gente su propio afecto incondicional al latín. Por él aún recuerdo estrofas de Julio César o de Salustio que nos hacía aprender de memoria para luego traducirlas y analizarlas morfo-sintácticamente. Pero no todo era traducir (y traicionar). Enseñó a sus alumnos cultura clásica, literatura y algo de filosofía y derecho. Y la diferencia entre la 'auctoritas' y la 'potestas'.

La autoridad es el reconocimiento social, el respeto ganado por el propio mérito sin necesidad de acudir a la potestad, o modo de conseguir un seguimiento por imposición o miedo al castigo. Me ha llamado la atención ese título de la Ley del Gobierno Aguirre, ese de «la autoridad del profesor», pues me parece toda una contradicción hermenéutica. No se puede exigir normativamente que un educador se gane la autoridad, so pena de castigo. La Ley dota a aquél de un carácter sobreprotegido, dándose presunción de veracidad policial a sus declaraciones e informes. Se le dota legalmente de potestas. En el Preámbulo de la Ley se habla de la crisis de la institución de la educación -promulgada como Derecho por el art. 27.2 de la Constitución- aludiendo con total claridad a la LOGSE como origen del problema. Además, se apunta una gran verdad: la transferencia al profesor de la función educativa que corresponde a los padres en casa. Si estoy de acuerdo con esta afirmación y me doy cuenta de algo: nunca consintió Paco Vera, como otros muchos profesores, en asumir esa transferencia educacional. Su 'auctoritas' no lo hacía necesario.