El Estado entierra la línea de créditos para los consistorios
Actualizado:El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sumó este viernes otro tanto a su particular cuenta de retoques en política económica. Y los perjudicados son, de nuevo, los ayuntamientos. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 modifica a través de su disposición final decimoctava la Ley de Morosidad, aprobada por el Congreso en julio pasado, que comprometía al Ejecutivo a crear, en un plazo máximo de 30 días, una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar a las entidades locales el pago de sus deudas con empresas. Esta vía de financiación, que no fue instituida, ya no verá la luz.
El cambio legal, denunciado por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, causó sorpresa en el seno de algunas corporaciones locales, que estaban a la espera de la implementación de la línea. La alcaldesa y diputada, Teófila Martínez, calificó de «escándalo» y «tomadura de pelo» la decisión, «que Salgado ocultó en la presentación de los Presupuestos».
El propio Ayuntamiento de Madrid denunció el pasado jueves a través de su vicealcalde, Manuel Cobo, el retraso en su puesta en marcha, que según el edil madrileño ponía en peligro el pago a proveedores e incluso trabajadores. Fuentes del PP aseguraron que su grupo parlamentario intentará restituir esta facilidad financiera durante la tramitación de los Presupuestos del Estado en el Congreso, y para ello buscarán el apoyo de los demás grupos de la oposición.
La línea de crédito ICO-morosidad para entes locales nunca fue del agrado del Ejecutivo. Fue introducida en la Ley de Morosidad mediante una disposición adicional en el Senado, gracias a una enmienda de CiU y del PP. La iniciativa fue ratificada después en el Congreso con la única oposición del grupo socialista. Su objetivo era dotar de liquidez a los ayuntamientos para que puedan pagar las deudas firmes contraídas antes del 30 de abril de 2010 con empresas y autónomos proveedores.
La desaparición vía ley de Presupuestos deja claro que la creación de esta línea no está en la agenda en este momento en el que la prioridad absoluta en materia económica es recortar el déficit en todas las administraciones. La propia vicepresidenta segunda, Elena Salgado, cifró en «tres décimas» (de PIB) el impacto negativo que su creación podría tener sobre el ya considerable agujero de las cuentas públicas.
La alcaldesa de Cádiz cargó contra la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, ya que fue preguntada acerca de este asunto durante la presentación de los Presupuestos y dijo que se pondrían en marcha las medidas de crédito cuando se encontrara una fórmula para no incrementar el déficit «y en ese momento ya sabía que la ley había sido derogada». Martínez indicó que «estamos ante un caso de falta de vergüenza política», que traerá más paro e inseguridad a las empresas».