El Ayuntamiento decide privatizar la gestión del cementerio municipal

Aunque el equipo de gobierno prefirió utilizar un eufemismo para evitar la palabra privatización, ayer uno de los puntos más candentes de la aburrida sesión plenaria lo protagonizó la futura gestión del cementerio municipal. Una «gestión indirecta» por parte de una empresa externa que fue rechazada de lleno por el resto de los grupos pero que, obviamente, acabó siendo aprobada en virtud de la mayoría absoluta del PSOE.

El delegado de Infraestructuras y Vivienda, Antonio Fernández, fue el encargado de presentar la iniciativa aclarando, eso sí, que la empresa elegida no necesariamente tendrá que ser privada y justificando que una inversión de tal calibre (cinco millones de euros que incluyen el arreglo del camposanto y la construcción de un tanatorio anexo) no podía ser asumida por las arcas municipales.

Unos argumentos que no convencieron en absoluto a la oposición, cuyo discurso general estuvo centrado en las «sospechosas prisas» que de repente le han entrado al Consistorio por acometer tal remodelación seis meses antes de las elecciones, cuando «han tenido cuatro años para pensárselo», como recalcó el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle.

Cuando le tocó el turno de intervención a la portavoz del PP, María José García-Pelayo, la propia alcaldesa aprovechó para irrumpir en el debate dentro de lo que acabó en una de las pocas disputas mano a mano entre Pilar Sánchez y la candidata del principal grupo de la oposición. La primera regidora desempolvó la hemeroteca para recordar a su interlocutora todo lo que su partido «iba a privatizar» durante su mandato, lo que ésta negó con rotundidad sentenciando que el PP «está en contra de la privatización de cualquier infraestructura municipal».

Actualidad: centros Semi-D

A pesar de los peros, la propuesta salió adelante y los concejales se metieron de pleno en otro de los asuntos de mayor actualidad. En esta ocasión sí hubo consenso, y todos dieron el visto bueno a la propuesta popular de que se inste a la Junta a que garantice la continuidad de los centros Semi-D de la zona rural y se dote al alumnado de éstos de transporte escolar. El gobierno local puntualizó que aprobaba la medida por ser algo que «ya está en marcha», tras lo que la alcaldesa soltó una parrafada dirigida a los padres y madres de las barriadas rurales presentes en el salón de plenos, a los que aseguró que la educación de esos niños constituye una prioridad absoluta para el ejecutivo.

Por lo demás, el Pleno se vivió como el día de la marmota en donde se repasaron puntos tan manidos como la liberalización del peaje de AP-4, iniciativa del PSA, cuya portavoz, Rosario Rodríguez, subrayó una vez más que Cádiz es la única provincia que no se conecta con otras a través de una autovía exenta de pago. «Nos merecemos el mismo tratamiento que se le da a las carreteras de Madrid», reivindicó, algo que fue suscrito por el resto de grupos pero no así por los socialistas, que recordaron que el desdoble de la N-IV como solución alternativa «es cuestión de tiempo».

Éstos, por su parte, aprobaron con el beneplácito del PP unas operaciones de crédito a la Empresa Municipal de la Vivienda cifrado en 53.600 euros para la construcción de cuatro promociones, además de 1,2 millones para gasto corriente en los que se incluye otra intervención de Emuvijesa en la calle Lechuga.

Por unanimidad, el Pleno dio su consentimiento a una solicitud de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma, lo que supondrá unos ingresos de más de 7,5 millones de euros, mientras que denegó a instancias del PSOE una proposición del PP de rechazar la supresión y los recortes de las ayudas y subvenciones a las VPO.

La sesión, de escaso contenido y prácticamente sin que aportara nada que no se hubiera anunciado ya, sí dejó perlitas verbales como las de García-Pelayo cuando se refirió a la «constructa» (que no constructora) de unas promociones o a la «incisión» con la que Pilar Sánchez interrumpió a uno de los ponentes.