El Tribunal de Valencia investigará a Camps por supuesta financiación irregular del PP

Apenas 48 horas después de que Mariano Rajoy pusiera la mano en el fuego por Francisco Camps y confirmara su candidatura a presidir la Generalitat valenciana, la Justicia volvió a dar un disgusto al gobernante autonómico y al líder de la oposición. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia investigará si imputa a Camps por nuevos delitos, entre ellos la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama 'Gürtel'. La última palabra, eso sí, la tiene la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano, presidida por el magistrado Juan Luis de la Rúa, quien ya rechazó juzgar a Camps por la causa de los trajes -en la que está imputado por un delito de cohecho pasivo-, aunque el Tribunal Supremo ha ordenado reabrir el caso.

El nuevo frente judicial que podría abrirse dejaría a Camps en una situación política difícil de manejar y a Rajoy, en entredicho. Pese a los apoyos que en los últimos días ha recibido de la dirección nacional del PP, con el presidente del partido, Dolores de Cospedal o Esteban González Pons a la cabeza, la causa judicial va mucho más allá de los «molestos» trajes, pues se trata de indicios como la financiación irregular o un posible delito electoral. Sombras que salpican no solo a Camps, sino a buena parte de su gobierno y a la cúpula del PP valenciano, entre ellos aforados como el ex secretario general del partido Ricardo Costa.

La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazase ayer el recurso del PP contra el auto en el que el instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, se inhibió a favor del Tribunal Superior de Valencia para que investigara estos posible delitos por tratarse de aforados de aquella comunidad autónoma. Así las cosas, el tribunal presidido por De la Rúa, amigo confeso del presidente valenciano, deberá resolver antes de nada «la admisión de la imputación realizada». En caso afirmativo, tendrá que decidir si abre una nueva causa o bien la conecta con el 'caso de los trajes', por el que el tribunal investiga a Camps y a otros tres dirigentes valencianos por un delito de cohecho pasivo al haber aceptado dádivas de la trama aunque no se probó que hubiera contrapartidas.

Informes policiales

El pasado 25 de mayo, Pedreira remitió al tribunal valenciano un informe que enumeraba los indicios de delito que podría haber cometido la cúpula del PP regional. Un posible delito electoral, en relación a los comicios autonómicos de 2007 y las generales de 2008; de financiación irregular con los contratos adjudicados a Orange Market -la empresa valenciana de la red Gürtel- por la Administración regional; de cohecho propio, por regalos recibidos por cargos del PP valenciano y de la Generalitat; así como indicios de fraude contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.

Por todo ello la Fiscalía y el propio Pedreira se mostraron partidarios de que el tribunal acumulase estos indicios en la causa de los trajes «a fin de comprobar la posible relación de los regalos investigados» con los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat los cuatro imputados en se proceso por cohecho pasivo, entre ellos Camps, Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el ex jefe del gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

En el caso de la presunta financiación ilegal del PP, el auto de Pedreira se hacía eco de informes policiales, de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria que implicaban a otros dirigente como el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, el vicesecretario regional del partido, David Serra, la tesorera Yolanda García o los citados Camps y Costa.

La parte del sumario del 'caso Gürtel' hecha pública en abril pasado apuntaba a la posible financiación ilegal del PP valenciano. Señalaba que el Gobierno de Camps podría haber pagado en dinero negro a la red 'Gürtel' hasta 6,3 millones de euros por actos electorales del partido. Para ello se aprovechaban de una red de empresarios que trabajaban con la Generalitat, quienes aportaban fondos a la 'caja B' de la trama para saldar las deudas que el PP contraía con la red dirigida por Francisco Correa por organizar actos electorales.