Un fondo blindará la inversión que el Estado deje sin ejecutar en la Comunidad

El Estado invertirá en Andalucía el próximo año 2.970,21 millones de euros, un 29% menos que el ejercicio en curso (4.800 millones), según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado ayer. Pese a esta rebaja tan considerable, tanto el Gobierno andaluz como el PSOE pusieron el acento en lo que consideran positivo: El porcentaje de la inversión es del 17,8%, según el peso de la población, y estará por primera vez blindado en caso de que no se ejecute. Ambos aspectos vienen recogidos en el Estatuto de Autonomía.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y el vicesecretario del PSOE andaluz, Rafael Velasco, fueron los encargados por Griñán de poner en valor las cifras de las cuentas estatales que conciernen a Andalucía. Ambos comparecieron por separado en la sala de Prensa del Parlamento, pero de forma paralela insistieron en lo mismo y avanzaron los mismos datos. Tanto Aguayo como Velasco participaron en una reunión la pasada semana en Madrid entre Griñán y Chaves. También estuvieron la consejera de Presidencia, Mar Moreno, y Gaspar Zarrías.

La primera en ofrecer algunos datos fue Martínez Aguayo, en una pregunta preparada por el grupo socialista en el Pleno del Parlamento. Para entonces, al filo de las dos del mediodía, ya se podían conocer algunas cifras colgadas en la web del Ministerio de Hacienda. Martínez Aguayo subrayó su análisis «positivo» de ellas, ya que confirman «una posición leal con Andalucía» del Gobierno, al destinarle por cuarto año el 17,8% de la inversión estatal. Aguayo recordó que pese a que las inversiones decrecen, suponen «un 15% más que lo que recibió Andalucía en 2004», el último año del Gobierno de Aznar. Agregó que durante los ocho años del PP, la inversión media en Andalucía fue de 1.625 millones.

Cumple con el Estatuto

Pocos minutos después, Rafael Velasco expresó con satisfacción que el Gobierno «cumple con el Estatuto». Velasco anunció que los PGE recogen una disposición -la 38- en la que se establece una cláusula dotada con 950 millones de euros para garantizar las inversiones en Andalucía y en otras tres comunidades más, Cataluña, Baleares y Castilla León, según articulan sus respectivos estatutos. Resumido: Si lo presupuestado no se ejecuta, el Estado deberá compensar económicamente a estas autonomías.

Martínez Aguayo explicó en otra comparecencia posterior que esta cláusula, que ya beneficiaba a Cataluña y Baleares en ejercicios anteriores, se aplicará por primera vez a Andalucía y se hará con efectos retroactivos, desde 2007 en que se aprobó el Estatuto. Cada comunidad negociará de forma bilateral la cantidad a compensar.

El líder del PP-A, Javier Arenas, cifró en más de dos mil millones lo que se ha dejado sin ejecutar en los dos últimos ejercicios. Martínez Aguayo admitió que el Estado debe algo a Andalucía, pero rechaza la cifra del PP. Tanto para el ejecutivo de Griñán como para el PSOE, los PGE echan por tierra las críticas de los populares. En este sentido, Velasco coincidió con Aguayo en manifestar que Zapatero cumple mejor con Andalucía que Aznar, «cuando ahora se está en crisis y entonces eran tiempos de bonanza».

En este clima optimista, la consejera de Hacienda agregó que los Presupuestos se ajustan a lo prometido por Rodríguez Zapatero a Griñán en su entrevista de agosto. Martínez Aguayo y Velasco recordaron el compromiso en esa entrevista de mantener partidas para que el segundo puente de Cádiz esté acabado en 2012 y la continuidad de las obras de la autovía del Mediterráneo, entre otros ejemplos.

Ahora bien, ¿cómo se sustentan todos los proyectos si hay menos dinero? Martínez Aguayo reconoció que Andalucía ha preferido que el Estado mantenga inversiones en todos los proyectos en marcha con menos dinero, antes que priorizar unos y eliminar otros. La titular de Hacienda defiende que se retrasen las obras antes que suprimirlas para compensar el recorte.

El clima optimista no fue compartido por el PP e Izquierda Unida. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, considera que los PGE son «profundamente decepcionantes» y «engañosos» e incumplen el Estatuto. Para el PP, la cláusula 38 no garantiza la inversión. «Si antes se fijaba 1.200 millones para tres comunidades y ahora 950 para cuatro, sólo se van a repartir migajas», subrayó. El diputado de IU Pedro Vaquero dijo que el «blindaje» de las inversiones no oculta el gran recorte de casi el 30%.