Ex presos cubanos en España piden irse a EE UU
Un total de 36 encarcelados en las prisiones castristas han venido a España gracias a un acuerdo con la Iglesia
MADRID.Actualizado:Un total de veintiún presos políticos cubanos acogidos en España desde el pasado mes de julio han comunicado a la Embajada de Estados Unidos su deseo de ir a vivir a este país por motivos de reunificación familiar, según han informado fuentes de su entorno. La misma petición han cursado 120 familiares tanto de estos disidentes como de otros excarcelados que prefieren permanecer en España después de haber sido deportados por el régimen castrista en los últimos dos meses.
Hasta la fecha, 36 ex presos políticos, junto con alrededor de 200 familiares, han venido a España, incluyendo los cuatro que lo han hecho esta semana. El acuerdo entre el régimen cubano y el Arzobispado de La Habana sobre la excarcelación de 52 prisioneros de conciencia establece su expulsión a España, sin impedir su posterior traslado a otro país.
De hecho, uno de los disidentes se marchó a Chile a comienzos de agosto con su familia para residir allí como refugiado político. Los que han solicitado trasladarse a Estados Unidos alegan causas familiares, puesto que todos tienen allegados en este país, en su mayoría en Florida. «Hace seis años que no veo a mi hijo, que está en Miami. Si no fuera por él, me quedaría en España, donde disfrutamos de la democracia», ha afirmado Blas Giraldo, encarcelado, como los otros disidentes, en 2003 por conspirar con Estados Unidos contra la revolución.
Giraldo cree que lo bueno de ir a Miami, además de la familia, es «estar más cerca de Cuba para cuando llegue la libertad». Antonio Díaz, con un hijo de 22 años en EE UU, también se muestra agradecido por su estancia en España. «Me he sentido como en casa y las condiciones de vida han sido las mejores, aunque estamos lejos de la patria», ha comentado Díaz, uno de los que ha optado por alojarse temporalmente fuera de Madrid.
La Embajada estadounidense en España y los servicios jurídicos de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional en Washington están analizando por separado cada una de las peticiones para ver si se ajustan a su legislación.