Gobierno y sindicatos se juegan su prestigio

El país amanecerá expectante el próximo miércoles ante la sexta huelga general convocada por motivos socio-laborales desde la reinstauración de la democracia. Los organizadores de la protesta, UGT y CC OO, afirman por activa y por pasiva que están seguros del éxito de su apuesta. Los miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, confían en la madurez de la sociedad española y esperan un seguimiento insignificante, similar al de la huelga de empleados públicos del pasado 8 de junio. Pero unos y otros son conscientes de que encima de la mesa hay un órdago de resultados imprevisibles, en el que se juegan parte de su prestigio e influencia para los próximos años.

La huelga general tiene varios precedentes desde la desaparición de la dictadura, pero será la primera protesta de estas características desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en 2004. Tras mantener años de verdadero idilio con los líderes sindicales, nada hacía presagiar hace meses semejante desenlace. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha activado e impulsado otras movilizaciones anteriores, pero es la primera vez que la convoca desde su sillón de máximo responsable del mayor sindicato de España.

Las experiencias previas demostraron que desde que se anuncia la huelga hasta que se desarrolla, Gobierno y sindicatos mantienen fuertes enfrentamientos, con cruces de críticas y acusaciones. A veces el tono de las descalificaciones fue tan grave que hizo imposible que sus protagonistas volviesen a compartir mesa y negociación. En esta ocasión, sin embargo, un acuerdo estatal de servicios mínimos del transporte limará asperezas. El consenso alcanzado permitirá a los ciudadanos organizarse y restará la baza de que el Ejecutivo y los sindicatos echen la culpa del éxito o del fracaso a la actividad del transporte público durante la huelga.

Una y otra parte recurren a la Constitución y al sentido común para afianzar posturas. Ayer fue el responsable de Fomento, José Blanco, quien aseguró desde el Gobierno «no comprender la huelga general». A su juicio, los argumentos esgrimidos por CC OO y UGT se caen por su propio peso. «Cómo se puede creer que con cuatro millones de parados el Gobierno se podía quedar con los brazos cruzados y no llevar a cabo las reformas necesarias, entre ellas la del mercado laboral», dijo el ministro.

Sin argumentos

Para los sindicatos la respuesta es clara. «La reforma laboral lleva en vigor desde el 18 de junio y el panorama laboral no solo no mejora sino que empeora». «Como prueba -continúan portavoces de ambas centrales- es suficiente contemplar el anteproyecto de Presupuestos. Los cambios impuestos y sacados adelante por determinados partidos nacionalistas ya estarán a pleno funcionamiento el próximo año y se constatará que serán un fracaso para frenar el desempleo. Las previsiones del Ejecutivo han empeorado y suben la tasa media de paro al 19,3%, pese a la reforma».

CC OO y UGT esperan que el éxito de la huelga termine con «los engaños del Gobierno y su política de recortes sociales» y obligue al gabinete a rectificar y recuperar el diálogo social, que tantos acuerdos positivos cosechó en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Creen que el seguimiento masivo del paro será una advertencia para los próximos inquilinos de la Moncloa, sean del color que sean, advierte UGT.

Desde el Gobierno, el propio presidente ha dicho y reiterado desde la tribuna del Congreso que no habrá vuelta atrás en la reforma laboral. Reconoció que las modificaciones aplicadas en junio no son suficientes por sí mismas para crear empleo, pero afirmó que establecen las condiciones oportunas para salir de la crisis antes y en mejores condiciones.

Si los pronósticos del gabinete se cumplen y la huelga general cuenta con escaso seguimiento, el Gobierno entenderá que la mayoría de la sociedad respalda su actuación. Moncloa tendrá las manos libres para aplicar sin obstáculos los cambios legislativos que considere oportunos, entre ellos la reforma de las pensiones, cuya cuantía (con excepción de las más bajas) permanecerá congelada en 2011. Para CC OO y UGT será un revés de incalculables consecuencias, que dañará su papel institucional, en un momento de horas bajas en el que si bien la afiliación crece existen corrientes de opinión que atacan no solo a las centrales sino directamente a sus máximos responsables.