Los servicios mínimos elevan la confrontación entre Gobierno y sindicatos

El Ministerio de Fomento defiende que durante la huelga general del 29 de septiembre despeguen el 25% de los aviones comerciales y que emprendan su viaje el 20% de los ferrocarriles de larga distancia de Renfe. El departamento dirigido por José Blanco propuso ayer a CC OO y UGT unos servicios mínimos que distan mucho de los deseados por las centrales sindicales. Unas diferencias de criterio que han abierto un nuevo frente en la confrontación entre las dos partes.

El Ejecutivo expuso un programa que «globalmente equivale a la orden ministerial de 2002» -a la que también aludieron los sindicatos a la hora de presentar su propuesta de servicios mínimos-, pero que actualiza de acuerdo a las infraestructuras del transporte actual.

Tanto el Gobierno como las centrales sindicales se aferraron para plantear su propuesta de servicios mínimos a la disposición aplicada durante la huelga general que convocaron los sindicatos en 2002 por el 'decretazo' del Gobierno de José María Aznar.

El Ministerio de Fomento explicó que la actualización de aquel marco es imprescindible porque hace ocho años sólo existía una línea de tren de alta velocidad, la de Sevilla a Madrid, y que el tráfico aéreo de pasajeros entonces era mucho menor.

A pesar de que la orden ministerial de 2002 obliga a que los servicios mínimos del sector aéreo sean del 33,3%, el Ejecutivo propone una rebaja de más de ocho puntos porcentuales y compensar esa reducción con el establecimiento de trenes de largo recorrido. Así la proporción pasaría del cero de hace ocho años al 20% para el 29 de septiembre.

En cuanto al resto de sistemas de transporte no hay polémica. Gobierno y CC OO y IGT coinciden en que son razonables los servicios mínimos que fijó el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Esta regulación afecta a la actividad de salvamento marítimo, los trenes de media distancia, la red de cercanías, y los puertos y carreteras.

El departamento de Fomento es, pese a las diferencias existentes, optimista y espera llegar a un rápido acuerdo con las centrales sindicales sobre los servicios mínimos para ese día puesto que las dos propuestas parten de un mismo texto normativo.

El secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo, no lo ve así y advirtió al Gobierno de que sus servicios mínimos son «abusivos». El dirigente sindical avisó que de convertirse en realidad la propuesta gubernamental, muchos de los trabajadores puede que no los respeten y responsabilizó de lo que ocurra al ministro José Blanco. «Los servicios deben acomodarse a una situación de paro general, no a la de una situación normal», indicó el dirigente de UGT.

Huelga política

Mientras tanto, la patronal CEOE reiteró mediante un comunicado a sus asociados el mensaje de que las empresas deben abrir sus locales y negocios el próximo 29 de septiembre. La patronal sólo ve admisible el cierre cuando peligren las instalaciones por las actuaciones de piquetes.

Las movilizaciones fueron catalogadas por la Confederación de Empresarios de «huelga política», que busca modificar una decisión aprobada por el Congreso. La CEOE insistió en que, a pesar de haber denunciado «las claras insuficiencias de la reciente normativa laboral impuesta por el Gobierno», ese desacuerdo no les llevará en ningún momento a «deslegitimar las instituciones de las que nos hemos dotado».

La patronal tildó la huelga del 29-S de «contradictoria, equivocada, incongruente, inoportuna, innecesaria, inútil y lesiva para los intereses de España». Afirmó que la actitud de los empresarios «no será de pasividad» y ha pedido a las autoridades que se garantice el derecho al trabajo de quienes no quieran secundar la convocatoria de las centrales sindicales, así como la seguridad de las personas y las instalaciones empresariales.