El Gobierno remite al Archivo de Salamanca el caso de los 'papeles perdidos' de la cárcel de Cádiz
Los documentos, en manos de un particular que dice haberlos encontrado «en la calle», se refieren a presos y represaliados por el Franquismo
Actualizado:«Hubiera sido menos extraño que nos contestaran con una receta de cocina». El historiador José Luis Gutiérrez Molina agota el catálogo de adjetivos para referirse al documento que recibieron ayer de la Secretaría General del Gobierno en Andalucía, en respuesta a una solicitud, firmada por más de 50 intelectuales, en la que le pedían que interviniera en el caso de los 'papeles perdidos' de la antigua prisión provincial de Cádiz. «Absurda, ridícula, surrealista, disparatada, incoherente...»
El texto dice: «En relación a su escrito (...) en el que nos solicitaban la recuperación de la documentación de la cárcel de Cádiz y su depósito en el Archivo Histórico Provincial (...) hemos dado traslado del mismo al Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil». En Salamanca.
Cecilio Gordillo, uno de los promotores de la iniciativa, se lamentaba: «sería para partirse de risa, si no fuera porque es un tema que juega con la sensibilidad de mucha gente, empezando por los familiares de represaliados y desparecidos. O la administración está sorda, o nos toma por tontos, o sólo ha querido quitarse 'el marrón' de encima».
Una «berlanguiana» vuelta de tuerca más para un asunto que aspira sin complejos al esperpento desde que arrancó, a mitad del verano. La solicitud de intervención al Gobierno central incluye un certero resume de los hechos.
En agosto de este año, el Ministerio de Interior traspasa al Archivo Histórico Provincial de Cádiz 12.300 expedientes de tres prisiones (Jerez, El Puerto y San Roque), de entre los cuales aproximadamente un 50% corresponden a causas relacionadas con la represión franquista: rebelión militar, auxilio a la rebelión, deserción, y otras fórmulas habituales con las que el Régimen 'maquillaba' la imputación de leales a la República y opositores. En ese trasvase faltarían los documentos procedentes de la antigua cárcel provincial de Cádiz, que se dan por «desaparecidos».
Pocos días después, José Manuel Cano, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, anuncia públicamente que posee esa documentación, ya que la encontró «en la calle, hace años, tirada como si fuera basura». Añade que su intención es hacérsela llegar directamente a los familiares.
De inmediato, intelectuales, historiadores, profesores universitarios y destacadas personalidades del mundo de la investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, se movilizan. Aunque no dudan de las «buenas intenciones» de José Manuel Cano, y le agradecen que se hiciera cargo de un archivo tan notable, recalcan que «independientemente de cómo haya llegado a las manos de un particular, su propietario legítimo es el Ministerio del Interior». Así que solicitan a la Delegación del Gobierno en Andalucía «una intervención inmediata y decidida, para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos».
Es decir: que recupere los expedientes en poder de José Manuel Cano, y los deposite en el Archivo Histórico Provincial.
La respuesta les ha dejado estupefactos. «Remitir el caso a Salamanca no tiene ningún sentido. ¿Qué pinta aquí Salamanca?, se preguntaba gráficamente Santiago Moreno, otro de los historiadores firmantes. «Y lo peor es que este sainete puede ser un precedente», advierte José Luis Gutiérrez Molina.