Una deuda moral

Ernest Hemingway las retrató en el personaje de María en 'Por quién doblan las campanas'. Ahora, setenta años después, el Gobierno andaluz quiere devolverles el honor perdido a aquellas mujeres que no sufrieron prisión durante la guerra civil y el franquismo, pero que fueron rapadas, muchas de ellas violadas, se les obligó a ingerir aceite de ricino y se les paseó por las calles de los pueblos a modo de escarnio por ser hijas o compañeras de republicanos o simplemente por venganza. La Junta de Andalucía indemnizará a las supervivientes de aquella represión sobre el honor y la intimidad con 1.800 euros.

Una cifra simbólica. «La importancia no es lo económico, sino el reconocimiento, saldar una deuda moral con aquellas mujeres», expresó ayer el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. En el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno se les reconoce también a estas mujeres un papel «en la construcción de la actual sociedad democrática».

La orden de la Junta de Andalucía fija un plazo de tres meses para presentar la solicitud y las pruebas necesarias. El periodo considerado por el decreto abarca desde 1936 a 1950, tiempo en el que se considera que hubo una mayor incidencia de este tipo de represión en los pueblos y ciudades andaluzas.

No hay documentos

Pizarro advirtió de que al tratarse de personas que no estuvieron presas o sufrieron algún tipo de juicio, es difícil la acreditación de su sufrimiento mediante documentos, como sí ocurre con las víctimas de encarcelamiento o confinamiento en campos de concentración. Por ello, el decreto establece que podrán presentarse declaraciones juradas y testimonios de terceros como pruebas que acrediten lo ocurrido. Todas ellas son pruebas admitidas en Derecho, recordó Luis Pizarro.

Una comisión de estudio, integrada por el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica, evaluarán las pruebas para dar el visto bueno o no a la solicitud. Esta podrá realizarse a través de las delegaciones provinciales de Gobernación y Justicia y del portal telemático de la Junta de Andalucía. La respuesta de la administración deberá notificarse antes de otros tres meses.

Pizarro subrayó la importancia del testimonio de estas mujeres, largo tiempo ocultado por la vergüenza de la humillación padecida. El consejero de Gobernación y Justicia les atribuye un papel fundamental para saber qué pasó y mantener viva la memoria. «Muchos conocimos la historia negra de España a través de lo que nos contaban las mujeres», manifestó. Opina que el escarnio y el trato vejatorio que sufrieron es muy difícil de reparar, pero entiende que el decreto de la Junta de Andalucía significará al menos un reconocimiento para que no caigan en el olvido.

Fallecidas

Pizarro admitió que es difícil saber el número de posibles afectadas, ya que la mayoría de ellas han fallecido. En este sentido, la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) se quejó ayer de que la indemnización «llega un poco tarde» y ha reclamado que se celebren homenajes en memoria de estas mujeres en los pueblos de los que eran oriundas.

Andalucía es la primera comunidad autónoma que indemnizará este tipo de represión ocurrida en la posguerra y durante los primeros años de la Dictadura franquista. La cuantía de 1.800 euros se percibirá en pago único y es similar a la establecida para las personas que sufrieron prisión entre tres meses y tres años tras la guerra.

Pizarro recordó que esta es una más de las indemnizaciones que desde 2001 concede la Junta de Andalucía a las víctimas de la represión de la dictadura franquista. La Junta ha destinado desde entonces 9,5 millones de euros a tales ayudas. Un total de 2.480 personas han sido beneficiadas. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.

En un principio, el decreto regulador sólo incluía los casos de presos políticos de más de tres años que habían quedado fuera de las indemnizaciones estatales fijadas en 1990. Pero en 2003, la Junta de Andalucía amplió con otra norma la cobertura a todos los que habían estado en cárceles y campos de concentración más de tres meses. En 2006, otra modificación establecía 1.800 euros como pago único a todos los presos políticos. Es la que ha aplicado ahora a las mujeres represaliadas.